Tía María tiene un avance del 23%, pero pobladores del Valle de Tambo buscan frenarlo ante el Poder Judicial
Pese al persistente rechazo de la población, Southern Copper Corporation sigue adelante con Tía María. En su reciente informe de resultados del tercer trimestre del 2025, la empresa de capitales mexicanos dejó constancia que este proyecto registró un avance físico del 23% y generó más de 2.100 nuevos puestos de trabajo, de los cuales, 809 han sido cubiertos por aplicantes locales.
Durante su fase de construcción, esperan emplear a 3.500 trabajadores de la provincia de Islay y hacia el 2027, año en el que iniciarían las operaciones, crearán 764 plazas directas y 5.900 indirectas. Lo que sigue en los meses venideros es instalar un campamento temporal, avanzar en compromisos en movimiento de tierras masivas, así como las actividades de aperturas de minas.
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"Tía María generará ingresos significativos para la región Arequipa desde el primer día de sus operaciones. Al precio actual de cobre, esperamos exportar US$18.200 millones y contribuir con US$3.800 millones en impuestos y regalías durante los primeros 20 años de operación. El presupuesto del proyecto se ha establecido en US$1.802 millones", se lee en su reporte.
Mientras se difunde esta información, una delegación de defensores ambientales del Valle de Tambo, acompañados de instituciones de derechos humanos, ingresaron a mesa de partes del Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución que autoriza el inicio de las actividades de explotación.
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Tía María: pobladores interpusieron medida cautelar
En declaraciones a este medio, Miguel Meza, vocero del Valle de Tambo, recordó que este recurso legal busca declarar la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María, que fue aprobado el 1 de agosto del 2014. Desde entonces, han transcurrido 11 años y, como es de conocimiento público, la vigencia de un EIA es de cinco años.
"A través de esta medida cautelar, buscamos parar Tía María porque es una imposición a la fuerza que dejó el gobierno de Dina Boluarte. Ahora, el nuevo presidente es el que emitió esta resolución (...) Ante ello el pueblo del Valle de Tambo convocará a movilizaciones pacíficas. Exigimos ser escuchados, no queremos más sangre ni persecución"; indicó.
Por su parte, Rodrigo Lauracio, miembro del equipo legal de la Red Muqui, resaltó que este no es un proceso judicial nuevo, sino que la medida cautelar se tramita en el marco de la acción de amparo que presentaron en marzo de este año. Una vez admitido este recurso legal, el juez tendrá un máximo de 30 días para resolver si se declara fundada o no.
En la misma línea, exigió celeridad al Poder Judicial para decidir el destino de la demanda de amparo. Inicialmente, estaba programada una audiencia para el 2 de octubre, pero esta se pospuso hasta el 18 de diciembre. Luego de que sesione esta instancia, se espera que en 10 días se emita una sentencia, aunque el plazo podría prolongarse debido a la carga procesal que tiene el PJ.
"Tanto en Minem como en Senace hemos obtenido silencios administrativos o rechazos. Pero, en la sede judicial, no no tenemos ninguna decisión negativa, sino una demora que nos preocupa. Hemos exhortado al Primer Juzgado Constitucional a que tanto la demanda de amparo y la medida cautelar la resuelvan con celeridad", manifestó Lauracio.
Tía María: una historia de conflicto
Desde hace más de 10 años, los agricultores del Valle de Tambo resisten a la imposición de Tía María, puesto que tendría impactos sobre la agricultura, el agua y la salud de la población. El primer gran estallido ocurrió en el 2011 durante los últimos meses del gobierno de Alan García. En aquella época, el EIA fue declarado inadmisible y la empresa tuvo que retirarlo.
Dos años después, se presentó un nuevo estudio que fue aprobado en agosto del 2014, lo que provocó sendas protestas. Finalmente, durante la gestión de Martín Vizcarra, se dio luz verde a la licencia de construcción y posteriores protestas obligaron al Consejo de Minería a suspender este permiso.
"Venimos desde un valle agrícola que da de comer al país. La empresa no tiene autorización para usar nuestras tierras ni nuestras aguas. Su presencia pone en peligro la agricultura y los recursos hídricos. Lo único que recibimos del gobierno son policías y militares que vienen a reprimirnos", señaló Agripina Páucar, defensora ambiental.