Medios independientes presentan recursos de amparo constitucional para que se inaplique Ley APCI
Cinco medios de comunicación han presentado recursos de amparo constitucional ante el Poder Judicial con la finalidad de que se declare inaplicable la Ley APCI debido a que somete a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y afecta la libertad de expresión.
Se trata de los medios IDL-Reporteros, Salud con Lupa, Convoca, Ojo Público y Epicentro TV. Este último señaló informó que los jueces constitucionales de Lima han admitido a trámite los recuros presentados y que se encuentra pendiente de admisión el documento que envió la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).
En septiembre de este año, el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte promulgó el reglamento de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), así como su estatuto de infracciones y sanciones. Esta norma, que fue impulsada desde el Congreso, faculta a la APCI con imponer una multa de hasta con 500 UIT a las ONG que brinden asesoría legal a personas que denuncien al Estado por violaciones a los derechos humanos a nivel nacional o internacional. Por si fuera poco, castiga a las organizaciones si colaboran o financian marchas o movilizaciones.
Todo esto se dio a pesar de que la Corte IDH le ordenó al Estado peruano en 2 ocasiones —el 8 y 16 de julio— a que las ONG asuman las defensas legales de los casos Barrios Altos y La Cantuta sin temor a represalias. Ello con el fin de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.
ONG presentan recursos contra la Ley APCI
Por otro lado, pero con el mismo fin, diversas ONG como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPFL), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Media Defence, Santiago Cantón y Catalina Botero, ex relatores para la libertad de expresión de la OEA presentaron un amicus curiae al Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima por la Ley APCI.
Un amicus curiae es un tercero o una persona ajena a un proceso que presenta ante el tribunal consideraciones jurídicas o referencias sobre la norma que se debate. Es decir, presentan información o argumentos para ayudar a toma una decisión informada.
Ahora bien. Según el recurso presentado por las ONG, la Ley 320301 faculta a la APCI a "realizar ciertas funciones que vulneran la liberta de expresión al permitir una censura previa, establecer responsabilidades ulteriores que no cumplen con elementos de la legalidad y proporcionalidad y constituir barreras indirectas para el ejercicio de la libertad de expresión".
En ese sentido, las organizaciones argumentaron que con dicha norma se constituye una "forma de censura previa" porque se establece que la APCI "debe otorgar autorización previa a todos los planes y proyectos de las organizaciones de la sociedad civil".
Además, detallaron que la APCI tiene facultades de "control, supervisión y fiscalización de la cooperación internacional no reembolsable, lo que le permite investigar el trabajo de las organizaciones, incluyendo a medios periodísticos".
"Las facultades de la APCI crean un entorno de alto riesgo en el que actividades legítimas del periodismo de investigación —como la supervisión crítica de políticas públicas, la publicación de reportajes sobre corrupción o violaciones a los derechos humanos— podrían dar lugar a sanciones extremadamente graves", se lee en el documento.