La decisión de María Guardiola de convocar elecciones anticipadas en Extremadura no solo es legítima, sino profundamente democrática. En un escenario de bloqueo parlamentario, sin posibilidad de aprobar los presupuestos, el Gobierno regional había quedado inerme. La presidenta popular ha optado por devolver la palabra a los ciudadanos, la única salida responsable cuando el diálogo fracasa y las instituciones se ven paralizadas. Desde la ruptura con Vox en julio de 2024, Guardiola ha gobernado en minoría, tratando de sacar adelante unas cuentas autonómicas para 2026 vitales para poner en práctica nuevas ideas, que ella cree que pueden marcar la diferencia con décadas de continuismo socialista. Ni el PSOE ni Vox estuvieron dispuestos a permitirlo: ambos presentaron enmiendas a la totalidad. Sin presupuestos, cualquier gobierno queda imposibilitado para desplegar su acción: las cuentas públicas no son un documento contable, sino la hoja de ruta para inversiones, servicios y proyectos estratégicos. En una comunidad necesitada de impulso industrial y vertebración territorial, carecer de esa herramienta equivale a más de lo mismo. La presidenta extremeña, consciente de esa realidad, ha optado por no prolongar la agonía. Y lo ha hecho con valentía. Porque convocar elecciones es un acto de responsabilidad, no una huida. Es la aplicación práctica del principio de soberanía popular: cuando los representantes elegidos no logran consensos, corresponde a los ciudadanos redefinir el mandato. Esta determinación contrasta, y mucho, con la actitud del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez atraviesa una coyuntura idéntica a la de Guardiola: ha perdido su mayoría tras la ruptura con Junts y enfrenta la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2026. La legislatura está acabada. Y, sin embargo, se aferra al poder, sin mayoría, sin presupuestos, sin capacidad real de gobernar. El contraste no puede ser más evidente. Extremadura muestra el camino. No hay nada anómalo en que se celebren elecciones cuando un ejecutivo pierde su capacidad de acción. Al contrario, lo anómalo es continuar en el cargo al precio de gobernar por decreto, de someter la legislación a la lógica de la supervivencia y de vaciar de contenido el parlamentarismo. La maniobra de Guardiola también envía un mensaje a la política nacional: el bloqueo institucional que vive España –con gobiernos autonómicos y municipales atrapados por la pinza de los extremos– no se puede normalizar. En Castilla y León, Murcia o Aragón se repite la estrategia: PSOE y Vox impiden la aprobación de presupuestos para desgastar al PP, sin importar los costes para los ciudadanos. Naturalmente, el adelanto electoral entraña riesgos. La convocatoria del 21 de diciembre podría no otorgar a Guardiola la mayoría para gobernar en solitario. Pero también abre una oportunidad: la de consolidar un liderazgo autónomo, alejado de la dependencia de Vox, con un mandato claro para ejecutar políticas centradas y ambiciosas. En tiempos de fragmentación y ruido, apelar al votante es un acto de coraje. Los extremeños tienen la palabra. Y España, un ejemplo que debería inspirar reflexión en la ciudadanía. La democracia no es solo votar cada cuatro años. Es también saber retirarse cuando se pierde la confianza necesaria para gobernar. Lo que ha hecho Guardiola es ejercer esa exigencia con dignidad. Lo contrario, aferrarse al poder mientras se bloquea la nación, es una forma de deslegitimarlo.
