Iberoamérica: universidades públicas en jaque
El asedio del gobierno del presidente Trump contra la libertad académica en las universidades estadounidenses es conocido.
Pero hay otras naciones, más cercanas culturalmente, hispanohablantes, donde las universidades públicas están siendo sometidas a asedios presupuestales que comprometen su misión e, incluso, su existencia.
Veamos dos casos, en Argentina y España, para luego mirar lo que ocurre en México.
En Argentina, la semana pasada la Universidad de Buenos Aires (UBA) tomó la decisión de interponer una demanda judicial contra el presidente de la nación, Javier Milei, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La historia, en breve, es la siguiente. Desde su llegada al poder, Milei emprendió una política de drástico ajuste al gasto público que dañó los recursos destinados a la educación y la salud públicas.
El Congreso de Argentina aprobó en agosto pasado dos leyes en paralelo, la destinada a recuperar los fondos para las universidades y una más de emergencia pediátrica, para evitar el colapso de la atención a la salud infantil.
La Ley de Financiamiento Universitario ordena recuperar el ingreso de los profesores al nivel de 2023, así como destinar en 2026 el uno por ciento del PIB a educación superior y llegar a 1.5 por ciento en 2031. Tras pasar por la Cámara de Diputados y el Senado, la ley recibió el veto presidencial.
Las normas en Argentina establecen que el Congreso puede superar el veto si una ley vuelve a alcanzar el respaldo de una mayoría calificada de más de dos tercios en ambas Cámaras.
Así ocurrió el mes pasado: la motosierra de Milei había sido derrotada por la soberanía popular. Debió ser el punto final.
Sin embargo, la semana anterior, al límite del plazo para promulgar la ley, el Ejecutivo argentino la publicó en el Boletín Oficial pero, en el propio decreto, suspendió su aplicación hasta que el Congreso determine el origen de los recursos, por lo que alteró la decisión del Legislativo.
Lo mismo había ocurrido con la ley de emergencia pediátrica. Por ello la UBA y otras universidades sostienen que “se altera el sistema republicano de pesos y contrapesos” (La Nación, 22/10/25).
Viene ahora la batalla judicial, pero los resultados de las elecciones del domingo complican el panorama: Milei obtuvo más de un tercio de los legisladores, con lo que sus vetos ya no podrán ser revertidos por el Congreso. Tiempos ominosos para la educación y la salud públicas.
En España, la mayor universidad pública del país, la Complutense de Madrid, enfrenta una severa crisis económica que la coloca en el riesgo de no poder pagar íntegra la nómina de sus profesores y trabajadores al cierre de 2025.
El esquema de financiamiento a las universidades públicas españolas hace que buena parte de los ingresos provengan de las Comunidades Autónomas.
Las transferencias de la Comunidad de Madrid a la Complutense han crecido 5 por ciento desde 2007 mientras que la inflación ha aumentado 44 por ciento en el periodo (El País, 20/10/25).
El informe Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica, 2025, da cuenta de que entre 2009 y 2022 Madrid fue la comunidad española cuyas universidades más incrementaron los recursos propios y donde más cayeron los fondos públicos.
A pesar de que el ingreso per cápita en Madrid es 36 por ciento superior a la media, el gasto por alumno universitario es 21 por ciento inferior al promedio español.
La situación más crítica es la de la Complutense, pero las otras cinco universidades públicas de la comunidad (Alcalá, Autónoma, Carlos III, Politécnica y Rey Juan Carlos) también han alertado, desde 2024, la opresión financiera a que les somete el gobierno regional (El País, 26/11/24).
Nada es coincidencia: en Madrid hay una proliferación de universidades privadas, que ya suman trece.
Tanto en Argentina como en Madrid hay gobiernos que, con claridad, se identifican en el espectro político de la derecha.
Para cerrar, ¿qué ocurre en México?
Datos del informe presidencial de 2025 revelan que el financiamiento federal a las universidades públicas ha tenido una caída real de 29.5 por ciento desde 2018 y que sólo el año pasado la contracción fue de 5 por ciento.
El Ejecutivo y el Congreso de nuestro país tienen la oportunidad, en el presupuesto de egresos por aprobarse, de revertir el castigo financiero a la educación superior y, así, diferenciarse de los gobiernos conservadores que asfixian a las universidades públicas.