Abren juicio oral por la discriminación en la vacunación de policías y guardias en Cataluña
La Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido la apertura del juicio oral contra los altos cargos de Salud de la Generalitat de Cataluña por la discriminación en la vacunación de policías nacionales y guardias civiles. El auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, fija que las sesiones se desarrollarán entre el 29 de junio y el 15 de julio de 2026.
Este procedimiento fue iniciado tras una denuncia para el esclarecimiento de los hechos que presentaron Jupol y Jucil. El juicio oral tendrá como protagonistas a la exconsejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés; el exdirector de Servicios de la Consejería de Salud, Francesc Xavier Rodríguez; el exdirector del Servicio Catalán de Salud, Adrià Cornella; el exsecretario de Salud Pública de Cataluña, Josep Maria Argimon y el exsecretario general de Salud de Cataluña, Marc Ramentol.
Los dirigente catalanes tendrán que responder por su presunta responsabilidad en el retraso intencionado de la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en Cataluña durante la pandemia de la COVID-19. El auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, fechado el 6 de octubre de 2025, fija las sesiones del juicio oral entre los meses de junio y julio de 2026.
"No fue un error administrativo"
Para Jupol y Jucil este auto supone un "paso firme hacia el esclarecimiento" de unos hechos que fueron desde el primer momento como "una discriminación institucional grave y deliberada". "La apertura de juicio oral contra Alba Vergés demuestra que no se trató de un simple error administrativo ni de una cuestión logística, sino de una decisión política intencionada que puso en riesgo la salud de cientos de policías y guardias civiles por motivos ideológicos", subrayan.
La querella, que fue interpuesta a través del abogado Marco Navarro, permitió destapar una actuación que "vulneró los derechos fundamentales de los agentes y los discriminó frente al resto de cuerpos policiales y funcionarios públicos en Cataluña". Todo ello en un contexto de emergencia sanitaria donde todos los efectivos estaban expuestos al virus en el cumplimiento de sus funciones.
"Desde JUPOL y JUCIL lo dijimos desde el principio: hubo un trato desigual, planificado y ejecutado desde las más altas instancias de la Generalitat. Y hoy, con esta decisión judicial, se abre por fin la vía para que se depuren responsabilidades penales", subrayan desde ambas entidades.