Castilla-La Mancha denuncia las presiones de «lobby agrícola del Levante» al Ministerio pidiendo frenar el «recorte del trasvase»

La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha cargado este martes contra la carta remitida por los gobiernos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, junto con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que exigen frenar el «recorte» del trasvase. Gómez ha calificado la misiva de «indignante y que atenta contra la inteligencia de cualquier ciudadano», asegurando con contundencia que las tres comunidades «están pidiendo que el Ministerio cometa una ilegalidad». Desde la localidad guadalajareña de Azuqueca de Henares, la consejera ha explicado que lo que reclaman los gobiernos levantinos «es que no se cumpla el mandato que tiene del Real Decreto en el que se aprobaron todos los planes de las Confederaciones Hidrográficas de España, incluida evidentemente la del Tajo y la del Segura». En este contexto, ha subrayado que el Ejecutivo castellano-manchego «no va a consentir que esta situación se siga dando en el tiempo y, por supuesto, seguirá trabajando con el Estado». Gómez ha recordado además que, en estos momentos, quedan pendientes de trasvasar 132 hectómetros cúbicos, y ha calculado que «este trimestre va a acabar discurriendo por el trasvase más agua que en todo un año hidrológico». La titular de Desarrollo Sostenible ha vuelto a señalar la desalación como alternativa viable para el Levante, indicando que esta región «puede obtener recursos para el regadío por esa vía, algo más sostenible e inteligente». Según ha defendido, lo que corresponde ahora es «cambiar las reglas de explotación del trasvase y cumplir lo pactado con el Gobierno del Estado ». A su juicio, esta modificación «va con retraso», pero «ya tenía que haberse aprobado». Finalmente, Gómez ha reconocido que el proceso «no se ha conseguido todavía porque el Gobierno de España tiene muchas presiones del lobby de la agricultura y de la industria agroalimentaria del Levante español », un sector que, ha afirmado, «tiene mucha potencia porque el agua del trasvase le resulta mucho más barata por las subvenciones que reciben precisamente para el uso de la misma».