Avanza en San Lázaro dar hasta 25 años de prisión por extorsionar
Aunque en lo general se aprobó por unanimidad con 456 votos a favor de todos los partidos, en la discusión en lo particular los diputados se dividieron y la oposición debatía y rechazaba anoche en el pleno la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
En un paquete de reservas de modificación a ocho artículos que presentó el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, propuso modificar el dictamen y en lugar de ordenar castigar con 10 a 20 años de prisión a los funcionarios públicos cómplices y omisos en las indagatorias de este delito, sugirió que la pena sea de sólo de 5 a 12 años.
Al cierre de esta edición continuaba el debate de esta modificación, que Morena, PVEM y PT anunciaron que apoyarían en su votación, a pesar del rechazo del PAN, PRI y MC, por considerar que “esta es la reserva Bermúdez”, en referencia a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco y considerado líder de ‘La Barredora’.
¿Qué sanciones propone la ley contra la extorsión de Claudia Sheinbaum?
La iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum establece también que, en atención a la problemática que vive el país, se propone establecer un tipo penal básico por el delito de extorsión, con una pena de seis a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor de la UMA.
“Esto permitirá que las entidades y la Federación puedan investigar y sancionar esta conducta bajo un amplio parámetro”, se añade.
Propone que, “además de la pena prevista para el tipo penal básico, ésta aumentará hasta en una tercera parte (20 años) cuando se trate de conductas relacionadas con daños patrimoniales o que contemplen una menor lesividad en comparación con las otras agravantes”.
“Entre las que se proponen en este apartado destaca el cobro de piso, la imposición de precios a productos, bienes o servicios, la utilización del sistema financiero y cuando la conducta se cometa en contra de personas candidatas a un cargo de elección popular”.
En una “segunda categoría de agravantes se prevén conductas por las que se aumentará la pena de una tercera parte hasta una mitad (22.5 años) cuando la extorsión se cometa en contra de personas migrantes, menores de 18 años, en estado de embarazo o mayor de 60 años”.
“De igual forma, cuando se coaccione a la víctima con el uso de información privada o el sujeto activo tenga una relación de confianza, entre otras”, señala.
En una tercera categoría de agravantes se propone que, “con el objeto de aumentar la pena de la mitad hasta dos terceras partes más (25 años), en el caso de aquellas conductas que implican una grave afectación a la integridad de la víctima, el carácter de quien comete el delito, así como por el impacto económico y social”.
Entre las causantes de gravedad en este apartado destaca “el uso de violencia física, moral y psicológica, la simulación de un hecho de tránsito (montachoques), cuando se cometa por una persona servidora o ex servidora pública, intervengan personas armadas, se utilice a personas menores de edad o se afecte de manera directa la economía de alguna entidad federativa”.
El dictamen de la ley contra la extorsión pasará al Senado de la República para su discusión y votación.