El Supremo confirma que el fiscal general no será suspendido de forma cautelar a pocos días del juicio

El Tribunal Supremo ha confirmado que Álvaro García Ortiz solo podrá ser suspendido como fiscal general si después del juicio es condenado por la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Sala de lo Penal rechaza la última petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), reconoce que las leyes españolas “no contemplan una suspensión cautelar específica” para el fiscal general, y que solo puede ser cesado si, tal y como establece la normativa, es condenado o inhabilitado para ejercer como cargo público.

Esta asociación, que ejerce la acusación popular contra García Ortiz y ha pedido sin éxito al Supremo que revoque su nombramiento, ha pedido varias veces al juez Hurtado y la Sala de lo Penal que fuerce su suspensión cautelar como fiscal general después de que se abriera juicio oral contra él por revelación de secretos. La primera petición rechazada llegó el año pasado, poco después de abrirse la causa, y la segunda ahora también rechazada en firme llegó pocas semanas antes del juicio que empieza en unos días.

La Sala de lo Penal da la misma respuesta negativa que ya dio el juez Hurtado a esta asociación. Las causas para poder cesar al fiscal general no incluyen una posible suspensión cautelar si es imputado o procesado, como este caso, y solo pasan por ser cesado por el rey a propuesta del Gobierno si incurre en incompatibilidades, o incapacidad. Sería el caso de una hipotética condena de inhabilitación tras el juicio que arranca la semana que viene en el Supremo. Y no se pueden aplicar, de forma supletoria, las normas que sí contemplan la suspensión cautelar de un juez en circunstancias similares.

La asociación también alegaba que mantener en su puesto a García Ortiz durante el juicio comprometía la actuación de la Fiscalía, que desde el principio pide el archivo y la absolución. Los jueces consideran que es una petición desproporcionada que queda desmentida por el hecho de que esta acusación popular, una asociación de fiscales con representación en el Consejo Fiscal, esté impulsando esta acusación contra él. “Supone una presunción genérica para los integrantes de la carrera fiscal que no resulta corroborada por el propio ejercicio de la acusación particular recurrente, integrada por miembros de la carrera fiscal”, explica el tribunal.

Seis sesiones de juicio

El juicio contra García Ortiz arranca la semana que viene ante un tribunal de siete magistrados del Tribunal Supremo, con mayoría de sensibilidad conservadora. La primera sesión será el día 3 de noviembre y la última el día 13, seis sesiones en las que, además del propio fiscal general, compacerán hasta 40 testigos entre fiscales, periodistas, políticos, abogados y guardias civiles.

La pareja de Isabel Díaz Ayuso ha solicitado cuatro años de cárcel para García Ortiz, haciéndole único responsable de la filtración del correo en el que su abogado confesaba su fraude fiscal de 350.000 euros y se ofrecía a pactar con la Fiscalía, algo que contradecía frontalmente el relato de su pareja, la presidenta regional, que defiende desde hace más de un año que el empresario es víctima de una cacería de Hacienda y el Ministerio Público.

En el juicio comparecerán una decena de periodistas que, en los últimos meses, han afirmado en el Supremo que tuvieron acceso al correo con la confesión, o conocieron las negociaciones, horas o incluso días antes que el propio fiscal general lo hiciera en la noche del 13 de marzo de 2024. También declarará Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, que ante el juez reconoció que esa noche difundió como información algo que, en todo caso, era una deducción suya: que la Fiscalía había ofrecido el pacto y que se había retirado por órdenes de la cúpula del organismo.

Este auto rechazando la suspensión cautelar de García Ortiz como fiscal general es el último que el Supremo tenía pendiente antes de la celebración del juicio. En los últimos días el tribunal ha hecho público tanto el calendario de declaraciones como la negativa a rebajar la fianza de 75.000 euros que impuso Hurtado.