Arrancan las protestas de los funcionarios con un ultimátum: subida salarial o habrá huelga en diciembre
Los sindicatos CSIF, UGT y CC OO arrancan mañana con las protestas en todo el país para exigir al Gobierno que reactive la negociación colectiva y acuerde una subida salarial para los empleados públicos, actualmente bloqueada.
Las organizaciones han advertido de que, si el Ministerio de Función Pública continúa sin abrir el diálogo, convocarán una huelga en diciembre.
La primera concentración tendrá lugar a las 12:00 horas en Madrid, frente al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, bajo el lema "Negociación, salarios dignos y servicios públicos de calidad".
De forma simultánea, se celebrarán concentraciones en las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias. En las movilizaciones participarán también trabajadores de empresas públicas como Renfe, Paradores y Correos.
Los sindicatos anuncian que este calendario de protestas será progresivo, con actos cada vez más numerosos hasta llegar a una gran manifestación en la capital durante noviembre, sin descartar otros escenarios de conflicto.
"El Ejecutivo tiene poco margen para alcanzar un entendimiento; de no hacerlo, afrontará la primera huelga general en la Administración Pública desde que Pedro Sánchez es presidente", señaló recientemente Miguel Borra, máximo responsable de CSIF, en una rueda de prensa junto al coordinador del Área Pública de CC OO, Lucho Palazzo, y la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque.
Las tres centrales reclaman al ministro de Función Pública, Óscar López, que convoque de inmediato la Mesa de Diálogo para cerrar un nuevo pacto salarial. CC OO y UGT defienden una subida por encima del IPC real que permita recuperar poder adquisitivo y plantean un acuerdo plurianual que dé estabilidad.
Por su parte, CSIF propone un incremento vinculado a la inflación, con una revisión automática de los sueldos cada año, similar al mecanismo de actualización de las pensiones.
Las organizaciones acusan al ministro López de no abordar las reformas estructurales necesarias y de limitarse a introducir cambios parciales en el Estatuto Básico del Empleado Público. Alertan de que, si no se logra un acuerdo, la Administración se verá seriamente afectada por la pérdida de personal y la precarización del empleo.
Además de reclamar el desbloqueo de la subida salarial, los sindicatos exigen eliminar la tasa de reposición, detener la privatización de servicios, reforzar las plantillas, garantizar la cobertura de las vacantes, mejorar las condiciones de jubilación y avanzar en la equiparación retributiva dentro del sector público.