El Gobierno destina a los más vulnerables la mitad de los fondos que necesitan

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación de la Seguridad Social que se puso en marcha en 2020 para garantizar un nivel mínimo de renta a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. De esta forma, se estableció por primera vez una prestación estatal para ofrecer una red de seguridad a los hogares con menos recursos. Aunque los expertos reconocen su papel fundamental en la lucha contra la pobreza, advierten que el programa sigue siendo "una realidad importante, pero pequeña" en el conjunto del sistema de protección social español y que aún presenta serios problemas de cobertura, acceso y gestión. Estas fueron las conclusiones extraídas de la sexta sesión sobre cuestiones estructurales de la economía española de 2025, organizada por el Consejo General de Economistas (CGE) este miércoles.

Necesidad de una mayor inversión

El IMV llegó a más de dos millones de personas distribuidas en 673.000 hogares en 2024, lo que supuso un gasto total superior a 6.000 millones de euros. Una cifra modesta si se compara con el coste estimado de 12.000 millones que, según los economistas, sería necesario para sacar a toda la población por debajo del umbral de pobreza, que afecta todavía a más de nueve millones de personas en nuestro país.

En conjunto, el programa ha contribuido a reducir alrededor de un 6% la tasa de pobreza severa, con un coste fiscal moderado en relación con su impacto social. Incluso si alcanzara una cobertura total, su gasto representaría en torno al 0,75% del PIB, una cifra asumible dentro del sistema de prestaciones sociales.

"Habría que intentar reforzarla en la medida de lo posible. 12.000 millones es una parte muy pequeña de lo que el Estado aporta para complementar las prestaciones contributivas. Apretándonos un poco el cinturón en materia del sistema general de pensiones podríamos mejorar esto de una forma significativa", ha asegurado Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea.

Pese a los avances del IMV, los expertos coinciden en que la cobertura sigue por debajo de las proyecciones iniciales. "Todavía uno de cada dos hogares que podrían beneficiarse no accede a este programa", recordó Luis Ayala, catedrático de Economía de la UNED. En 2024, solo el 45% de las familias potencialmente beneficiarias logró acceder al programa, lo que limita su eficacia.

"Hay muchas barreras que dificultan el acceso al programa"

Ayala considera que esta prestación es fundamental en la lucha contra la pobreza y más generosa que las rentas mínimas autonómicas, pero todavía tiene margen de mejora, puesto que "hay muchas barreras que dificultan el acceso" al Ingreso Mínimo Vital.

Uno de los principales problemas es la gestión de la solicitud, puesto que actualmente, una de cada tres solicitudes es rechazada, un problema que atribuyen a la rigidez de esta prestación frente a situaciones que consideran "muy inestables". También influye la falta de información o la dificultad para entender la prestación sumada al estigma social que puede sufrir la unidad beneficiaria a la hora de acceder a este tipo de ayudas.

"Hay que revisar todas las barreras e ir tendiendo a la automatización", ha señalado Ángel de la Fuente.

Transferir el IMV a las comunidades

Ante el problema de la falta de acceso de muchos potenciales beneficiarios -lo que los expertos denominan "non take-up"-, los economistas plantean una serie de reformas orientadas a simplificar los procedimientos administrativos y acortar los plazos de tramitación, con el objetivo de avanzar hacia un sistema de concesión más automático y accesible.

Además, proponen que la gestión del Ingreso Mínimo Vital, actualmente en manos de la Seguridad Social, se transfiera por ley a las comunidades autónomas, al considerar que estas administraciones están más próximas a los beneficiarios debido a su capacidad para coordinar la prestación con los servicios sociales y el empleo. De esta forma, se permitiría una gestión más eficaz y una mejor vinculación con las políticas activas de inserción.

Entre las mejoras planteadas figura también la revisión de la definición de las unidades de convivencia y de los requisitos de empadronamiento, así como una actualización de los criterios de patrimonio, que, según Ayala, excluyen injustamente a más de 220.000 hogares sin liquidez. Los expertos reclaman igualmente el desarrollo del complemento al alquiler, previsto para los casos en que el gasto en vivienda supere el 10% de la renta garantizada.

Otra de las prioridades es corregir las disfunciones derivadas de los cobros indebidos, estableciendo mecanismos de devolución más proporcionales que eviten el sobreendeudamiento de las familias perceptoras. "Les genera un endeudamiento casi crónico a muchas familias", asegura Ayala.

También abogan por reformar los incentivos al empleo, de manera que resulten más claros y comprensibles tanto para los beneficiarios como para los profesionales que gestionan el programa.

El Ingreso Mínimo Vital ha supuesto "un avance" en la garantía de rentas, ha resumido el presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín, pero su consolidación exige una "gestión más ágil, una coordinación efectiva con las comunidades autónomas y un seguimiento continuo de sus resultados". Solo así, concluyeron los ponentes, el IMV "podrá convertirse en un pilar sólido dentro del sistema de protección social español".