PP y Vox aplican su fórmula en À Punt: así se transforma una televisión pública en solo un año
Una reforma que va más allá de lo técnico
En 2024, el Consell liderado por Carlos Mazón impulsó una nueva legislación para cambiar el modelo de À Punt. La norma eliminó la necesidad de consenso parlamentario para elegir a los responsables del medio, dando a la mayoría de PP y Vox el poder de designar a los miembros del consejo de administración sin acuerdo con la oposición.
Además, se creó una nueva empresa pública —la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana S.A.— que absorbió la gestión de À Punt, eliminando la autonomía administrativa anterior y subordinando el ente directamente al gobierno autonómico.
Ocupación estratégica del poder interno
El relevo en los órganos de dirección se produjo sin participación opositora. En paralelo, el hasta entonces director general Alfred Costa presentó su dimisión, lo que facilitó el nombramiento de nuevos perfiles cercanos al ejecutivo.
Con la cúpula reorganizada, se paralizaron contrataciones, se congelaron procesos internos y se recortaron recursos, limitando la capacidad operativa de la cadena. Todo ello reforzó la dependencia del poder político y debilitó los contrapesos institucionales.
Una nueva línea editorial
Uno de los giros más visibles ha sido el cambio de contenidos. Se modificó el libro de estilo para eliminar referencias como “País Valencià”, se redujo la presencia de la lengua valenciana y se relegaron temas de análisis y crítica política.
La parrilla se centró en contenidos festivos, taurinos y deportivos, y se priorizó el castellano frente al valenciano. La perspectiva de género y el enfoque de servicio público se diluyeron, generando críticas entre profesionales del medio.
Recortes y control financiero
La nueva ley de presupuestos introdujo una limitación: la financiación de À Punt no puede superar un porcentaje fijo del presupuesto autonómico. Esta medida, presentada como ajuste, impone una restricción económica severa que condiciona decisiones estratégicas y refuerza el control del gobierno sobre el medio.
Los recortes afectaron a la producción propia, las inversiones técnicas y la contratación de personal, lo que se tradujo en una pérdida de dinamismo y competitividad.
La pluralidad, en entredicho
Organizaciones como la Unió de Periodistes Valencians han denunciado que À Punt se ha convertido en una herramienta partidista. La cadena ha pasado de ser un símbolo de recuperación democrática a representar, según critican, un retroceso en pluralismo informativo.
Compromís ha impulsado un observatorio ciudadano para registrar casos de manipulación y pérdida de neutralidad. La oposición denuncia que la cobertura informativa favorece sistemáticamente al ejecutivo autonómico.
Un ejemplo reciente: toros frente a protesta ciudadana
El pasado 25 de octubre, durante una multitudinaria manifestación que exigía la dimisión del president Mazón —coincidiendo con el aniversario de una tragedia climática— À Punt decidió emitir un programa de corridas de toros “históricas”.
Ni rastro de la protesta en directo. Esta decisión editorial fue duramente criticada por parte de la plantilla e incluso por un miembro del consejo de administración. Para muchos, este caso simboliza el desvío definitivo del medio respecto a su misión original.
Una televisión diferente a la que se prometió
El relato oficial defiende la transformación de À Punt como un intento de modernizarla y mejorar sus resultados. Sin embargo, los datos de audiencia apenas han mejorado y la percepción de pérdida de confianza entre la ciudadanía se amplía.
En apenas un año, la televisión pública valenciana ha sido rediseñada desde dentro. Con cambios normativos, ocupación de órganos clave y recortes estructurales, À Punt ha pasado a ser reflejo de un proyecto político, alejándose del ideal de medio independiente con el que fue concebida.