La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Huércal-Overa (Almería) ha acordado la apertura de un procedimiento abreviado contra la alcaldesa de Cantoria, Purificación Sánchez (PSOE) , y otras personas por la regularización de 15 viviendas declaradas ilegales, cuya demolición había sido ordenada judicialmente en junio de 2010 al construirse en suelo no urbanizable del paraje de Los Garcías. Tras su inscripción en el Registro de la Propiedad, el empresario procedió a vender algunos de estos inmuebles a compradores extranjeros que creían adquirir viviendas legales. La documentación registra al menos tres contratos de venta formalizados entre marzo de 2022 y mayo de 2023, con precios de entre 110.000 y 120.000 euros. Según el auto, la magistrada Adriana Álvarez ordena continuar las actuaciones para determinar la posible comisión de un delito de prevaricación administrativ a atribuido tanto a la regidora como al concejal de Urbanismo, Ramón López, a un técnico de Obras Públicas y al gerente de la promotora inmobiliaria A.G.C., cuñado del edil. La instructora también aprecia indicios de dos delitos de tráfico de influencias entre el concejal y el empresario, así como tres presuntos delitos de estafa relacionados con la venta de tres propiedades después de su regularización. El auto sostiene que los investigados participaron de manera diversa en la tramitación, emisión de informes y aprobación de resoluciones administrativas. Así, permitieron reconocer las viviendas como «asimiladas fuera de ordenación» (AFO), en abierta contradicción con la orden del Juzgado de lo Penal nº1 de Almería, que establecía su derribo por estar edificadas sin licencia , en terreno no urbanizable y sin posibilidad de ser autorizadas. Los hechos se remontan a 2006, cuando se denunció la construcción de estas viviendas. En 2009, el responsable de la empresa fue condenado por un delito contra la ordenación del territorio, sentencia que la Audiencia Provincial confirmó posteriormente, añadiendo la obligación de demoler lo construido a costa del promotor. El juzgado remitió la orden al Ayuntamiento para garantizar su ejecución. Pese a ello, y con el objetivo de «obtener un beneficio económico», el empresario habría recurrido a su relación familiar con el concejal para facilitar la tramitación de los AFO. Transcurridos más de ocho años sin ejecutarse la demolición, solicitó el archivo por caducidad del expediente sancionador, aportando una declaración jurada de inexistencia de procedimientos judiciales, pese a saber que la orden de derribo seguía vigente. La solicitud fue revisada en febrero de 2019 por la alcaldesa y el secretario municipal, quienes declararon caducado el expediente basándose en un informe técnico favorable. La resolución fue certificada en junta de gobierno en marzo de 2022. La jueza subraya que los acusados conocían la existencia de un proceso judicial pendiente de ejecución. A partir de esa certificación, el promotor inició los trámites para regularizar las viviendas del paraje. Entre marzo de 2019 y marzo de 2023, el Ayuntamiento adoptó hasta siete acuerdos municipales para reconocer como AFO otras tantas viviendas unifamiliares, con la participación de la alcaldesa, el secretario y el técnico municipal, movimientos que habrían sido facilitados por el concejal de Urbanismo.
