La ONU vuelve a exigir el fin del embargo: décadas de bloqueo a Cuba sin respuesta de Estados Unidos
Por trigésima tercera ocasión y con una aplastante mayoría, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó este miércoles el levantamiento del embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre Cuba, una medida unilateral que viene siendo denunciada desde 1992.
La resolución de este año, que logró 165 votos a favor, 7 en contra (Argentina, Estados Unidos, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania) y 12 abstenciones (Albania, Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Estonia, Letonia, Lituania, Marruecos, Moldavia, Rumanía y Polonia), marca un cambio en el patrón de apoyo de los últimos años, donde Cuba había recibido respaldo unánime de América Latina, el Caribe y todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Cabe recordar que en la votación del año anterior, el texto obtuvo 187 votos a favor, solo dos en contra (Estados Unidos e Israel) y una única abstención (Moldavia).
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, al presentar la resolución, denunció el carácter ilegal, inhumano y extraterritorial del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos. Subrayó que esta política constituye un acto de castigo colectivo que viola los derechos humanos del pueblo cubano y obstaculiza su desarrollo en sectores esenciales como la salud, la energía y la alimentación.
“Como se sabe el impacto de este tipo de agresión no es solo económico. Se aplica por diseño, con fría premeditación respecto a su impacto social y humanitario sobre millones de personas”, declaró el ministro.
El documento presentado por Cuba, titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba (A/80/L.6)”, se fundamenta en el informe del secretario general (A/80/83). En él se reafirman, entre otros principios, “la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales”.
Asimismo, el texto manifiesta preocupación por disposiciones como la promulgada por Estados Unidos el 12 de marzo de 1996, conocida como “Ley Helms-Burton”, “cuyos efectos extraterritoriales afectan a la soberanía de otros Estados, a los intereses legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción y a la libertad de comercio y navegación”.
Rodríguez Parrilla también denunció las presiones ejercidas por el Departamento de Estado para modificar el voto de los Estados Miembros respecto a la resolución. Además, se pronunció en contra de que Estados Unidos haya “adoptado la práctica criminal de cometer asesinatos en alta mar o dentro de las aguas jurisdiccionales de otros países a manos de sus Fuerzas Armadas”, en el Caribe y en el Pacífico. Reiteró que Cuba es un país de paz, comprometido con la cooperación y la autodeterminación de los pueblos, e hizo un llamado a la comunidad internacional para respaldar el proyecto de resolución como un acto de justicia y respeto a la soberanía nacional.
La resolución insta a todos los Estados a abstenerse de promulgar y aplicar leyes y medidas que contravengan estos principios, exhortando a quienes aún las impongan a que las deroguen. También solicita al Secretario General que, en consulta con los órganos y organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, prepare un informe sobre el cumplimiento de la resolución a la luz de los propósitos y principios de la Carta de la ONU y del derecho internacional y se lo presente en su octogésimo primer período de sesiones. Este bloqueo, que comenzó en 1960 y se ha endurecido en distintos momentos históricos, extendió sus efectos a terceros países a partir de 1992, año en que la Asamblea General emitió por primera vez una petición a Estados Unidos para que le pusiera fin.