Cuando el antejuicio se convierte en arma política

En seis años, el Organismo Judicial (OJ) recibió 1840 solicitudes de antejuicio en contra de funcionarios y dignatarios. Tuvo repuntes en años electorales y procesos de cuerpos colegiados. La cifra evidencia que la inmunidad es una herramienta de poder. Resultó más útil para aspectos políticos que para proteger la función pública.

Por qué importa. El aumento de los antejuicios evidencia un Estado que confunde inmunidad con juegos políticos. La garantía nació para buscar la independencia, pero el uso actual refleja la politización del sistema judicial. Al final se convierte en el termómetro del desgaste institucional, señalan expertos.

• Este mecanismo se modificó en un arma para presionar o desgastar adversarios y un reflejo de la pugna por el control de la justicia.
• Durante la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024) se registraron 1246 antejuicios. En 2023, año electoral, los casos aumentaron de 243 por año a 388. El dato confirma la tendencia de usar el proceso con fines políticos.
• Entre 2023 y 2024, el Ministerio Público (MP) presentó una serie de solicitudes contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Por supuestas irregularidades en el proceso de 2023.

Datos clave. Los números del OJ son claros, pero su interpretación inquieta. De las 1840 solicitudes registradas, 1476 fueron remitidas por competencia, lo que equivale al 80 % de los expedientes. Sin embargo, la efectividad de las resoluciones genera duda.

• El 56 % de los casos se trasladaron por competencia a las Salas de Apelaciones, 33 % a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el resto al Congreso de la República.
• La mayoría de las denuncias recae sobre alcaldes, diputados, jueces y ministros de Estado. Eso evidencia el desgaste en los niveles de autoridad local y nacional.
• Muchos procesos son rechazados in limine por falta de sustento legal. Respuestas que alimentan la percepción de que el sistema se usa más como presión política.

Lo que sigue. El aumento de antejuicios no representa un avance en la lucha contra la corrupción, sino un síntoma de la falta de estabilidad institucional. Guatemala enfrenta el reto de reformar el uso de este derecho sin destruir su esencia constitucional.

• Francisco Quezada, experto del CIEN, sostiene que “el MP debe investigar las denuncias o solicitudes, pero sin prejuzgar ni politizar”.
• Se ha criticado a la actual administración del MP por un “abuso de los antejuicios”. Pero expertos recuerdan que el exceso del mecanismo no es novedoso; se observó en las gestiones de Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana.
• El desafío radica en devolverle al antejuicio su propósito original: proteger la función pública sin convertirla en refugio de privilegios o instrumento de persecución.

En conclusión. El auge de los antejuicios refleja una justicia usada en el tablero político y no como garante de legalidad. El abuso de solicitudes sin resultados efectivos debilita la confianza en las instituciones y distorsiona la rendición de cuentas.

• Recuperar la esencia del antejuicio exige independencia judicial, límites claros y voluntad política para evitar su manipulación.
• El impacto de los antejuicios se manifiesta en una menor eficiencia administrativa y un incremento de los costos económicos como de personal.