El proyecto del puente colgante, aprobado en agosto pasado, para unir la isla de Sicilia al continente, divide y se ha paralizado. El «no» del Tribunal de Cuentas al visto bueno definitivo del puente sobre el Estrecho de Messina no ha sido solo un revés técnico para el Gobierno de Giorgia Meloni . Ha sido también la chispa que ha encendido la mecha de un enfrentamiento institucional entre el Ejecutivo y la Justicia, un terremoto político justo cuando el Senado aprobó hoy la histórica y polémica reforma de la Justicia, que conlleva la separación de las carreras de los magistrados: por un lado los fiscales, y por otro los jueces. El Tribunal de Cuentas, tras una maratoniana sesión de casi nueve horas, paralizó el proyecto del Gobierno, con un coste de 13.500 millones de euros. Los magistrados contables, en una nota escueta, prometieron motivar su decisión en 30 días. El Ejecutivo pretende seguir adelante con el proyecto. Su reacción, convocando de urgencia para esta mañana una reunión en el Palacio Chigi, sede de la presidencia del Gobierno, fue inmediata y durísima. La primera en alzar la voz, marcando el tono del enfrentamiento, fue la primera ministra, Giorgia Meloni. En un comunicado de extrema dureza, no se limitó a cuestionar los fundamentos técnicos. Acusó al Tribunal de Cuentas de cometer el «enésimo acto de invasión de los jueces sobre las decisiones del Gobierno y del Parlamento». Según la primera ministra, el Tribunal de Cuentas no actuaría en interés del país, sino con fines políticos. El mensaje de Meloni fue contundente al establecer una relación entre la decisión del Tribunal de Cuentas y la reforma de la Justicia a la que se oponen los magistrados: «La reforma constitucional de la Justicia y la reforma del Tribunal de Cuentas (…) representan la respuesta más adecuada a una intolerable invasión». Estas palabras reflejan claramente que el conflicto institucional persistirá hasta el referéndum sobre esta reforma constitucional, previsto para la primavera próxima. Matteo Salvini, líder de la Liga y padrino político del puente, secundó el ataque de Meloni. «Es una elección política más que un sereno juicio técnico», declaró el vicepresidente y ministro de Infraestructuras, prometiendo que no se detendrá: «No me paré cuando tenía que defender las fronteras y no me frenaré ahora. Estamos decididos a explorar todas las vías posibles para poner en marcha los trabajos», declaró Salvini. Antonio Tajani, líder de Forza Italia, se sumó al coro de la indignación: »Es inaceptable que en un país democrático la magistratura contable decida qué obras estratégicas realizar«. Mientras el Tribunal de Cuentas responde al Gobierno exigiendo que «las críticas sean respetuosas con los magistrados», la oposición atacó también con dureza al Ejecutivo, acusándolo de pretender tener las «manos libres». Elly Schlein, secretaria del Partido Democrático, lo resumió con contundencia: «Meloni con sus graves afirmaciones aclara el verdadero objetivo de la reforma constitucional. No sirve para mejorar la justicia, ni sirve a los italianos. Sirve a este Gobierno para tener las manos libres y ponerse por encima de las leyes y de la Constitución». Angelo Bonelli, líder de Alianza Verdes-Izquierda, fue más lejos, tildando las declaraciones de Meloni de «golpe a la democracia» y «amenaza inaudita a los órganos constitucionales». Para el Movimiento 5 Estrellas, el «no» del Tribunal de Cuentas es un golpe definitivo para un «proyecto grotesco». Mientras la tormenta política estallaba, los detalles técnicos que habrían motivado el rechazo del Tribunal de Cuentas empezaron a filtrarse, pintando un cuadro de irregularidades. Según diversos medios, los magistrados contables encontraron múltiples fisuras en el procedimiento. En primer lugar, el intento del Gobierno de acelerar la obra declarándola de «interés estratégico militar» fue seriamente cuestionado, hasta el punto de que un documento clave de esta declaración carecía incluso de firma, lo que lo convertía en un expediente anónimo y sin responsable claro. Además, las dudas se centraron en los aspectos económicos, con esquemas de costes presentados que resultaron ser erróneos o desactualizados, y unas estimaciones de tráfico consideradas poco fiables para justificar la rentabilidad de una inversión tan colosal. El Tribunal de Cuentas también habría cuestionado la validez de la decisión del Comité Interministerial de Planificación Económica y Desarrollo Sostenible (Cipess, en sus siglas en italiano), un comité de naturaleza política, para dar una aprobación técnica definitiva a un proyecto de semejante envergadura y complejidad. A pesar de la opinión negativa del Tribunal de Cuentas, el Gobierno puede decidir seguir adelante. Según la ley, si el Tribunal de Cuentas se niega a darle el visto bueno, puede solicitar una resolución específica al Consejo de Ministros. La diputada de Forza Italia, Matilde Siracusano, subsecretaria de Relaciones con el Parlamento, confirma esta posición: «No es el fin del proyecto, como algunos oscurantistas de la oposición pretenden. En las próximas semanas -esta es una posible solución- el Ejecutivo podrá asumir la responsabilidad política de superar las objeciones del Tribunal de Cuentas. Podría haber una resolución específica del Consejo de Ministros, encargado de evaluar si la ley en cuestión responde a intereses públicos superiores y, por lo tanto, debe implementarse. Si el Consejo de Ministros confirma la necesidad de la ley, el Tribunal de Cuentas deberá ordenar su registro, otorgándole una aprobación condicional», concluyó la subsecretaria de Relaciones con el Parlamento. Es en este clima de tensión, el «no» al puente y el «sí» a la reforma judicial se funden, son dos eslabones de la misma cadena. Esta mañana, el Senado aprobó de forma definitiva, con 112 votos a favor, 59 en contra y 9 abstenciones, la reforma constitucional que separa las carreras de jueces y fiscales. La estrategia de Meloni con vistas al próximo referéndum es clara, según indican los medios italianos: La reforma de la Justicia se venderá no como una venganza contra la magistratura, sino como la herramienta necesaria para desbloquear Italia y devolver la soberanía a las urnas. En definitiva, el Puente de Messina, ese viejo sueño de décadas, que debía unir Sicilia al continente, se ha convertido en el símbolo de una Italia dividida. El referéndum de la primavera próxima no solo decidirá si se separan las carreras de jueces y fiscales; se ha convertido en el campo de batalla donde los italianos dirán si aprueban o rechazan el estilo de gobierno que acusa de «invasión» a los órganos de control constitucional.
