El Sindicato Médico Andaluz denuncia que la falta de tiempo impide informar del rechazo de pruebas diagnósticas

El Servicio Andaluz de Salud está rechazando la realización de pruebas diagnósticas de diversas patologías o enfermedades sin que los médicos de familia o los propios enfermos lleguen a tomar conocimiento de ese rechazo. La situación se produce porque los facultativos están tan sobrecargados de trabajo que no pueden gestionar debidamente el “buzón del profesional”, el correo corporativo en el que reciben la información clínica de sus pacientes, según denuncia el Sindicato Médico Andaluz (SMA).

En un comunicado, el SMA ha aclarado que el problema no está en que se rechace arbitrariamente las pruebas: “Los radiólogos, como médicos especialistas en diagnóstico por imagen, pueden considerar que una prueba solicitada por otro médico especialista no está indicada”. El problema, según el SMA, es que ese rechazo pasa inadvertido para los médicos de familia y los propios pacientes. “Existen médicos de familia que no llegan a saber que la prueba diagnóstica que han solicitado ha sido considerada no indicada de manera justificada por el radiólogo. En consecuencia, no podrán informar al paciente y tampoco valorar conjuntamente con el radiólogo la mejor estrategia diagnóstica”.

La situación, desvelada por El País y confirmada por el sindicato, tendría su origen en la sobrecarga asistencial de los médicos. “Tanto los médicos de familia como los radiólogos son médicos especialistas sometidos a una sobrecarga laboral inasumible”, señala el Comité Ejecutivo del SMA. “La grave carencia de medios con que se ven obligados a desarrollar su labor provoca graves retrasos en las pruebas diagnósticas y hace imposible la prestación de una asistencia médica de calidad”.

Los médicos y médicas de familia tienen su jornada diaria agendada: tras una negociación con los sindicatos, en 2023 se fijó un cupo máximo de 35 pacientes diarios, en modalidad presencial o telefónica, pero el Presidente andaluz alegó después que fue un “error de planificación”. Los sindicatos sostienen que nunca se aplicó realmente.

En cualquier caso, no está agendado el tiempo que necesitan para consultar y evaluar la información que reciben en su correo electrónico, entre la que se puede encontrar la respuesta a solicitudes de pruebas diagnósticas derivadas a un especialista, como los radiólogos. Además, el médico sigue recibiendo información por esa vía mientras está de vacaciones o de baja, periodos durante los cuales se acumula “información potencialmente sensible” sin que ningún médico “pueda recibirla”, según el SAS. A ello se suma un procedimiento de comunicación que, según el SMA, “no funciona”.

“Como consecuencia, muchos médicos de familia y, por tanto, también sus pacientes, no llegan a recibir la información de que la prueba solicitada ha sido desestimada, o bien se produce tal retraso que cuando llega la cita la prueba ya no está indicada”, señala el sindicato, que subraya que la causa del problema está en la carencia de medios y el “pésimo funcionamiento del sistema”. Según El País, sólo en Huelva esta situación afecta a 40.000 pruebas pendientes, como ecografías, resonancias o TAC).

La Junta asegura que se hacen el 99,34% de las pruebas

El SMA asegura que ha informado de los problemas que todo esto genera a la dirección del SAS, sin respuesta.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha negado este jueves que esta situación sea significativa, al menos en términos relativos. De todas las pruebas solicitadas por médicos de Atención Primaria se ha hecho el 99,34%. “Es un porcentaje insignificante en el que la prueba diagnóstica indicada por el médico de familia no ha sido validada por los especialistas al llegar al hospital”, señala una fuente oficial de la Consejería, que añade que en el 0,66% de pruebas no validadas hay casos en los que se cambia una prueba por otra atendiendo al criterio del centro hospitalario: por ejemplo, un médico indica una TAC y en el hospital consideran que procede una ecografía, de modo que se realiza la ecografía.

La Consejería niega que el procedimiento de comunicación entre la Atención Primaria y las especialidades no funcione, ponga en entredicho el criterio científico de los médicos de familia o suponga el “rechazo automático de pruebas”. Según explican fuentes del SAS, cuando un médico de familia deriva a un paciente se activa un proceso de coordinación entre Atención Primaria y los servicios hospitalarios para “garantizar que las pruebas diagnósticas solicitadas responden de forma adecuada a las necesidades de cada paciente”.

Este mecanismo, dice la Consejería, permite “optimizar” el uso de los recursos diagnósticos y mejorar los tiempos de respuesta, “evitando duplicidades y facilitando que las pruebas se realicen con criterios de equidad y necesidad clínica”.

En el caso concreto de las pruebas de imagen, el procedimiento obliga a que un radiólogo valide previamente la solicitud para confirmar que la prueba es la más adecuada al diagnóstico. “Cuando una prueba no se valida, el sistema genera una notificación automática al médico y a la enfermera responsables del paciente, de forma que puedan informar al paciente y, si procede, reorientar la petición”, señalan desde la Consejería.

Las listas de espera para pruebas diagnósticas no se publican desde hace cuatro años. La Junta de Andalucía dejó de publicarlas alegando que el Ministerio de Sanidad tampoco las ofrece.