Contrataciones Públicas y Unidad Antifraude remiten a Procuraduría informe de proveedores fraudulentos

Este artículo fue publicado originalmente en El Día.

Santo Domingo, R.D. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República (CGR), remitió este jueves a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe técnico que documenta la existencia de una estructura organizada de proveedores que, mediante prácticas fraudulentas, habría manipulado procesos de contrataciones con el Estado, incurriendo además en presuntos actos de intimidación, extorsión y posibles vínculos con funcionarios públicos, afectando de manera directa la libre competencia y la igualdad de participación de oferentes.

El informe, elaborado conjuntamente por la DGCP y la Unidad Antifraude de la CGR, a partir del análisis exhaustivo de los registros del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y otras fuentes de información, revela la actuación coordinada de varias empresas vinculadas que habrían utilizado distintas razones sociales para simular competencia, repartirse adjudicaciones y excluir a otros oferentes legítimos.

La DGCP informó que entre las empresas identificadas se encuentran Empresas Integradas SAS, Inversiones Qtek SRL, Tingley Business SRL, así como otras asociadas, las cuales presentan patrones coincidentes de participación conjunta, rotación de adjudicatarios y concentración de contratos en sectores específicos del mercado público.

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El documento también recoge testimonios de proveedores afectados, quienes denunciaron amenazas, chantajes y presiones para desistir de adjudicaciones legítimas, lo que evidencia la existencia de mecanismos de intimidación y manipulación que distorsionan la transparencia y la equidad de los procesos.

El análisis concluye que las conductas observadas vulneran los principios de igualdad, participación y libre competencia establecidos en la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y podrían constituir indicios de prácticas fraudulentas, actos colusorios y otras infracciones penales tipificadas en la legislación dominicana.

Mediante una nota de prensa, la DGCP informó que oportunamente remitirá el informe a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), para que, conforme a sus atribuciones legales, profundice en la investigación de posibles acuerdos colusorios y de manipulación del mercado en las contrataciones públicas.

Pimentel reafirma compromiso con la transparencia

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, valoró el trabajo conjunto con la Unidad Antifraude y reafirmó el compromiso institucional de proteger los recursos del Estado y garantizar la transparencia del sistema.

“Este informe, fruto de la cooperación entre la DGCP y la Unidad Antifraude, demuestra la efectividad del control preventivo y el análisis técnico de datos en la detección de estructuras fraudulentas. Estas prácticas atentan contra la libre competencia, la igualdad de oportunidades y el patrimonio público. Hemos remitido toda la información a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones correspondientes y apliquen las sanciones de lugar”, afirmó Pimentel.

De su lado, Leónidas Peña, coordinador de la Unidad Antifraude de la CGR, explicó que el trabajo técnico permitió detectar patrones de colusión, intercambio de roles entre oferentes y uso de información privilegiada. “El uso avanzado de herramientas analíticas, la trazabilidad de los datos y la coordinación interinstitucional fueron claves para identificar este entramado. Este informe es un ejemplo del impacto positivo del trabajo conjunto entre las instituciones de control para fortalecer la integridad de las contrataciones públicas”, señaló Peña.

Entre las medidas adoptadas por la DGCP para la identificación del entramado se destacan el monitoreo constante de los procesos de contratación y la presencia de un oficial de cumplimiento que condujo a la emisión de la circular DGCP44-PNP-2025-0008, que aclara el uso de la Carta de autorización del fabricante, eliminando su exigencia como mecanismo restrictivo de la participación de oferentes.

Estas acciones, junto con el uso intensivo del SECP, el análisis de datos históricos y la implementación de alertas de riesgo y trazabilidad en los procesos, permitieron identificar patrones, vínculos y conductas recurrentes que sustentan la detección de las prácticas fraudulentas documentadas en el informe.

Con esta acción, la DGCP y la Unidad Antifraude reafirmaron su compromiso con la transparencia, la integridad y la lucha contra el fraude y la corrupción en el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, manteniendo su disposición de colaborar estrechamente con los órganos de control y persecución en defensa del patrimonio del Estado y el interés ciudadano.

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