El Pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado este viernes, de forma inicial y por mayoría, la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un texto que, según la concejala de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, ha sido elaborado con «rigor técnico» y «pensando en la realidad de la ciudad». El Grupo Socialista votó en contra de la propuesta, al rechazar la redacción final del documento. Muñoz ha subrayado qu e la nueva ordenanza «no es sancionadora, ni restrictiva, ni un corsé para el ciudadano» , sino que responde a la obligación de adaptar la normativa municipal a los estándares europeos sobre calidad del aire. Elaborada por los técnicos de la Policía Local en coordinación con distintos servicios municipales, la normativa regula un ámbito que «ya es peatonal o de acceso restringido a vehículos » y no introduce nuevas limitaciones de tráfico. «La Zona de Bajas Emisiones de Talavera abarca calles donde ya no existe tráfico que genere un problema de contaminación» , explicó la edil, quien precisó que la norma «solo activa medidas si algún día se superan los umbrales de contaminación establecidos en la legislación europea». En ese caso, el artículo 11 de la ordenanza fija los niveles máximos permitidos y los protocolos de actuación, garantizando «plazos y medidas claras» para los ciudadanos. Muñoz defendió que el resultado es «una ordenanza ejemplar , que será referencia para numerosos municipios que no quieren implantaciones improvisadas ni medidas perjudiciales», y reiteró que, mientras la calidad del aire siga siendo buena, «como lo es ahora en Talavera, no habrá restricciones de ningún tipo». En el apartado de mociones, el pleno abordó varias propuestas de los grupos municipales. El Grupo Socialista defendió una proposición para renovar las instalaciones deportivas municipales , que incluía la sustitución integral del césped artificial de los campos 'Pablo Mela' y 'Jesús Fraile', así como la redacción de un Plan Municipal de Renovación de Campos de Césped Artificial . La moción fue rechazada con los votos en contra de PP y Vox , lo que el portavoz socialista, Luis Enrique Hidalgo, calificó como «un golpe para usuarios, deportistas y clubes de Talavera». Otra moción socialista, presentada por José Antonio Carrillo, pedía reactivar el Plan Especial de la Villa , una herramienta de ordenación urbana para proteger y revitalizar el casco antiguo. La propuesta también fue rechazada por PP y Vox. Carrillo lamentó que «el Gobierno local haya paralizado un documento clave para la protección del Conjunto histórico» y criticó que «no se esté escuchando a vecinos y colectivos del centro histórico». Por su parte, Vox consiguió aprobar dos de sus mociones. La primera exige a la Consejería de Educación una solución urgente a los problemas del transporte escolar en Talavera y su comarca, ante las «largas esperas y deficiencias» que sufren los estudiantes. El portavoz del grupo, Gerardo Sánchez, recordó que «el acceso adecuado a la educación implica también un transporte escolar digno y adaptado a los horarios». La segunda moción de Vox, aprobada por unanimidad, insta a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la Consejería de Sanidad a adoptar medidas urgentes para reducir las listas de espera en el Hospital Nuestra Señora del Prado . El portavoz del Gobierno local, Jesús García-Barroso, calificó la situación del hospital como «crítica», con demoras de más de un año en especialidades como oftalmología. El portavoz de Vox, David Moreno, añadió que «la situación se ha cronificado con García-Page; cada año vamos a peor», y criticó que la Junta recurra a la externalización de servicios en lugar de contratar más personal sanitario en el sistema público. Por último, el Partido Popular sacó adelante su moción relativa a la retirada del canon del agua impuesto por el Gobierno de Castilla-La Mancha, con la abstención del PSOE. García-Barroso defendió que el canon «supone un sobrecoste injusto para los talaveranos» , que, según explicó, «van a pagar un millón de euros más que no revertirán en la ciudad». «Page vuelve a castigar a los ciudadanos con una nueva factura que no les corresponde pagar», denunció, afirmando que el dinero recaudado «servirá para sufragar infraestructuras y consumos de otras localidades».
