Inversiones para una energía más sostenible
No es solo cuestión de la Agenda 2030, también la propia Unión Europea quiere que el Viejo Continente se mueva de una manera más sostenible, impulsando lo eléctrico y las energías renovables para completar el círculo de la descarbonización de la economía. Algo que lleva parejo una importante inversión en infraestructuras para permitir no solo esta electrificación, sino lograr que la mayor parte de esta energía provenga de fuentes renovables.
Por eso, buena parte de la inversión actual, tanto nacional como europea, va dirigida a la modernización, ampliación y digitalización de la red eléctrica, con el fin de que sea capaz de absorber el aumento previsto de renovables y cubrir la electrificación creciente de la economía (transporte, climatización, industria). Eso sí, estos esfuerzos conllevarán que, entre 2024 y 2050, sean necesarios más de 2 billones de euros en el conjunto de la UE para adaptar la red, de los cuales una parte considerable será en España. El desafío principal es acelerar el ritmo inversor, coordinar los permisos y reforzar las redes de transporte y distribución, incluyendo medidas de flexibilidad y almacenamiento para optimizar el sistema y reducir costes futuros.
España ha avanzado significativamente en la movilidad eléctrica. No en vano, nos acercamos a los 47.500 puntos de recarga públicos en 2025, con fuerte inversión estatal y fondos europeos canalizados principalmente a través de los programas MOVES y PERTE VEC. No obstante, existe todavía un 20% de puntos instalados que no están en servicio por demoras en las conexiones, generando un sobrecoste financiero.
Los principales fondos se destinan tanto a la instalación de estaciones de recarga públicas y privadas como a incentivos para la compra de vehículos eléctricos, con un presupuesto del Plan MOVES que ya supera los 2.700 millones de euros, muy por encima de la previsión inicial.
Además, el reto es que todo el suministro de esa movilidad verde provenga de fuentes renovables para conseguir reducir las emisiones de carbono. Para ello, España sigue invirtiendo fuertemente en parques eólicos, solares y, de forma más incipiente, en almacenamiento energético y proyectos piloto de hidrógeno verde. Además de reforzar la capacidad instalada, se está dando prioridad a proyectos que aseguren la independencia energética y la reducción de la huella de carbono.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, por su parte, ha destinado presupuestos extraordinarios a la descarbonización urbana (500 millones de euros a 120 municipios en 2023) y la potenciación de infraestructuras sostenibles (corredores ferroviarios, zonas de bajas emisiones, intermodalidad). La ley de cambio climático y regulaciones europeas obligan a dotar de infraestructura de recarga en municipios, edificios públicos y privados, y fomentar nuevos modelos de transporte público limpio y movilidad activa
Pero, además, la financiación está llegando a través de múltiples mecanismos: MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), FEDER, MCE (Mecanismo Conectar Europa), Fondo de Modernización y Next Generation EU.
Problemáticas
Sin emabrgo, no todo es de color de rosa y hay ciertos puntos de fricción para materializar todos estos objetivos.
Los retrasos en permisos y la diversidad de normas autonómicas ralentizan la activación de nuevas infraestructuras, especialmente en puntos de recarga rápida y grandes proyectos de red, por lo que el sector exige la simplificación y la digitalización de trámites, así como la creación de plataformas nacionales de gestión y transparencia de puntos de recarga para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio.
Además, el sector considera que no vale con reforzar la capacidad en zonas urbanas, sino que empieza a ser urgente el extender la red a áreas menos pobladas, donde el déficit de infraestructura puede limitar la equidad y la penetración de tecnologías limpias.
Por último, pero no por ello menos importante, España debe tener en cuenta que aún falta personal técnico especializado para la instalación, mantenimiento y gestión avanzada de la infraestructura eléctrica y de recarga. Algo para lo que también se reclama realizar inversiones en formación profesional y nuevas tecnologías de redes inteligentes.