Quién es quién en el juicio al fiscal general del Estado: los testigos

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; su jefe de gabinete; un ex secretario de Estado de Comunicación; altos cargos de la Fiscalía o una docena de periodistas integran la plantilla de 40 testigos citados a partir del lunes en el juicio al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos.

Son, en total, ocho fiscales, once guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO), doce periodistas, dos jefes de prensa, dos abogados, cuatro políticos y el denunciante y pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Todos ellos comparecerán en el Tribunal Supremo con la obligación de decir verdad en un juicio que trata de esclarecer si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, filtró un correo en el que el abogado de González Amador reconocía, "de común acuerdo" con él, que "ciertamente se han cometido dos delitos" contra Hacienda, en busca de un acuerdo con el fiscal que le investigaba.

Estos son algunos de los nombres que componen la lista:

El denunciante y los políticos

Alberto González Amador (4 de noviembre): sobre este empresario, procesado por un fraude de 350.951 euros a Hacienda e investigado por corrupción, pivota la causa al considerar el juez instructor que García Ortiz, en su condición de fiscal general, habría filtrado ese correo con "información sensible" sujeta a "reserva y confidencialidad".

El 23 de mayo la pareja de Díaz Ayuso explicó al juez que, entre pelear judicialmente el fraude o buscar una conformidad, pidió a su abogado que hiciese lo que fuese "más rápido y sin ruido" para que aquello pasase "lo más desapercibido posible".

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso (4 de noviembre): su papel también fue clave en tanto la defensa de García Ortiz le atribuye haber diseñado un "relato alternativo" y trasladado a los medios que fue el fiscal quien ofreció el pacto a su abogado -y no al revés- y que lo había retirado por "órdenes de arriba".

Ante informaciones de este tenor, el fiscal general siempre ha defendido que recopiló los correos para informar verazmente con una nota de prensa.

Rodríguez aludió ante el juez a su "pelo blanco" y su experiencia cuando admitió que el mensaje que transmitió a periodistas sobre que el pacto salió de Fiscalía se basó en una suposición que pudo "intuir, colegir, adivinar". Y también fue una "deducción", dijo, cuando atribuyó la filtración a Fiscalía.

Pilar Sánchez Acera (5 de noviembre), número dos del PSOE-M y entonces cargo de Moncloa. Su nombre apareció en la causa al hacerse público que envió al líder de los socialistas madrileños un pantallazo del polémico correo para que lo usara en la Asamblea de Madrid.

Juan Lobato (5 de noviembre): Dos días antes de testificar en el Supremo, dimitió al frente del PSOE-M tras la controversia generada por registrar ante notario la conversación con Sánchez Acera. Ante el juez, a quien entregó su móvil, dijo que fue al notario para evitar posibles responsabilidades.

Francesc Vallés (4 de noviembre): secretario de Estado de Comunicación cuando ocurrieron los hechos. La Guardia Civil sospechó que supo del correo antes de ser publicado, pero él lo negó ante el juez.

Los fiscales

Julián Salto (3 de noviembre): Es el fiscal al que se le asignó la investigación a González Amador y con quien su abogado se cruzó los correos. Ante el juez aseguró que nunca ofreció un acuerdo al letrado, "faltaría más", y que no pensó que éste iba a filtrar un correo a "un jefe de gabinete" de un Gobierno regional.

Almudena Lastra (3 de noviembre): fiscal superior de la Comunidad de Madrid. Discrepó con el fiscal general sobre la nota de prensa y ante el juez relató que la mañana del 14 de marzo preguntó a García Ortiz "Álvaro, ¿has filtrado la nota?", aunque más tarde dijo que le interpeló por los correos. García Ortiz, que negó toda filtración, reflexionó ante el juez sobre el "desafecto" de Lastra hacia la cúpula fiscal.

Pilar Rodríguez (3 de noviembre): fiscal jefe de Madrid, estuvo a punto de sentarse en el banquillo, pero el Supremo archivó la causa contra ella. Explicó al juez que pidió los correos a Julián Salto en base a la dación de cuentas a superiores del reglamento y que se limitó a cumplir instrucciones.

Diego Villafañe (3 de noviembre): número dos de la Secretaría Técnica de Fiscalía, durante poco más de un mes estuvo investigado por las conversaciones que mantuvo con Pilar Rodríguez, si bien el juez lo sacó del caso.

Otros cuatro fiscales y los responsables de prensa de la Fiscalía General y de la de Madrid completan la lista.

Los periodistas e investigadores

Por el Tribunal Supremo pasarán también varios guardias civiles, como los que registraron durante más de diez horas el despacho del fiscal general, y periodistas que publicaron informaciones clave aquellas horas.

Algunos de ellos, de El País, aseguraron saber del pacto entre el novio de Ayuso y el fiscal días antes que García Ortiz. De hecho, suscribieron un acta notarial con los mensajes que se cruzaron con el abogado del empresario, y uno también dejó constancia de que fue informado del pacto el 12 de marzo.

Un letrado y el decano de la Abogacía de Madrid

Carlos Neira (4 de noviembre): Abogado de González Amador y autor del correo en el que transmitía en nombre de su cliente la voluntad de alcanzar un acuerdo en el que reconocía dos delitos en busca de una rebaja en su petición de pena.

Eugenio Ribón (11 de noviembre), decano de los abogados de Madrid: tras estallar el caso, anunció en rueda de prensa que la institución -acusación en la causa- denunciaría la filtración.