Criptoactivos sin anonimato: así cambiará uso de criptomonedas en Costa Rica en 2026
Seguimos analizando las implicaciones fiscales de la economía digital, ahora enfocados en qué consiste el CARF, cómo podría afectar el mercado local de criptoactivos, y los retos que este reporte generará desde la perspectiva de cumplimiento fiscal y regulatorio en Costa Rica.
El CARF (Crypto Asset Reporting Framework) es un marco normativo desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que entrará en vigor en 2026, con el objetivo de garantizar la supervisión y regulación de los criptoactivos en el ámbito internacional. Además, busca incrementar la transparencia fiscal y la cooperación entre países, para evitar la evasión fiscal y actividades ilegales como el lavado de dinero y terrorismo.
¿Cómo podría afectar el CARF a los tenedores de criptoactivos?
Serán responsables de recopilar información sobre los usuarios de criptoactivos, las personas (físicas o jurídicas), y empresas o instituciones financieras que operen con ellos, como: plataformas de intercambio, proveedores de billeteras digitales, brókers y custodios de activos digitales, así como instituciones financieras, por ejemplo, un banco que integre criptoactivos en sus operaciones.
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Dentro del amplio espectro de activos digitales que estarán sujetos a ser reportados en el CARF están las criptomonedas clásicas (bitcoin, Ethereum, Litecoin), etc., los tokens digitales, stablecoins, activos digitales emitidos en plataformas blockchain públicas y privadas, entre otros.
La posible implementación del CARF, a partir del 2026 en Costa Rica, marcará un antes y un después en la regulación y supervisión de criptoactivos a nivel global. Implica un desafío tanto para las empresas que operan con activos digitales, como para los usuarios que cada vez más incorporan estas nuevas formas de inversión y transferencia en sus finanzas.
La adopción de este marco fortalecerá la transparencia fiscal y contribuirá a combatir la evasión y el lavado de dinero, pero también exigirá un mayor compromiso de cumplimiento y adaptación tecnológica.
En este contexto, resulta fundamental que tanto reguladores como actores privados y usuarios finales estén preparados para este cambio, promoviendo un ecosistema de criptoactivos más seguro, responsable y alineado con los estándares internacionales.