Supremo greatest hits

Con ese impecable timing acreditado por el Tribunal Supremo, siempre agudizado por la orientación del Gobierno, el auto del magistrado Puente, encargando a la Audiencia Nacional la investigación de los pagos en efectivo en la sede del PSOE, suena a música celestial para los buscadores de la financiación perdida del puño y la rosa y viene a recordarle a los socialistas y al presidente Sánchez que, con gafas o sin gafas, aún son muchas las explicaciones pendientes por la pintoresca gestión de la caja de la organización. 

Cierto es que el auto habría resultado aún más demoledor si la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado hubiera salido como esperaba el Partido Popular, no como acabó quedando. Cierto es que, siendo condenable el mal uso de uso un solo euro público, las cantidades por las cuales se pregunta andan lejos de las comisiones millonarias, teorizadas por su señoría y el auto suena un poco a “investiga tú que yo ando muy liado”. Pero aun con todo, resta todavía cuenta pendiente, presidente. 

Sólo se trataba de un preámbulo porque la fiesta en el Supremo no acaba nunca. El destino ha querido que la semana de pasión de Carlos Mazón y los populares coincida con aquella que iba a ser la semana de penitencia del fiscal general, Álvaro Ortiz. La primera vez en la historia que un fiscal general se sienta en un banquillo, coinciden los titulares y es cierto. Pero no es la única primera vez. Hay más. 

Es la primera vez que una alta autoridad del Estado, contra toda prudencia penal e institucional, arrastra a otra alta autoridad del Estado al banquillo sin una sola prueba de cargo del delito imputado. Es la primera vez que una alta autoridad el Estado va a un juicio que nunca debería haberse celebrado con un voto particular alertando de la absoluta falta de evidencias penales. 

Es también la primera vez que se juzga la revelación de un secreto que ya no era secreto y había sido publicado por el propio titular del secreto. Es igualmente la primera vez que, quien informa lealmente a la opinión pública sobre la verdad de los hechos, se sienta en el banquillo acusado por quien mintió para engañarla y manipularla.

Por desgracia, no será la primera vez en nuestra historia que la instrucción opere sobre un sesgo de confirmación que condujo a descartar todo aquello que no cuadraba con la versión del instructor. Para la historia de nuestro derecho penal queda la decisión de otorgar más valor al testimonio de un defraudador confeso y un difundidor de bulos reconocido, que a media docena de periodistas de reconocida trayectoria. 

Por todo ello, tampoco será la primera vez que un alto cargo de una administración popular reconoce en sede judicial haber mentido, abriendo la sospecha de la comisión de varios delitos, y luego abandona la sala por la puerta principal saludando como un campeón.