Las acusaciones cierran filas con el juez que mandó al banquillo a García Ortiz y defienden su "modélica" investigación

La acusación particular, que representa al empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, y las acusaciones populares han salido al paso de las críticas de la defensa del fiscal general del Estado y de la Fiscalía al instructor de la causa contra Álvaro García Ortiz y han defendido en la primera jornada del juicio la "modélica" y "rigurosa" investigación del magistrado del Tribunal Supremo.

Todas ellas han pedido a la Sala que rechace íntegramente las peticiones de nulidad instadas al alimón por la Abogacía del Estado y la teniente fiscal del alto tribunal, Ángeles Sánchez Conde, de la mano en la defensa de García Ortiz. Además, se han opuesto a las denuncias de supuesta vulneración de derechos fundamentales y de una presunta investigación "prospectiva" contra el máximo representante de la Fiscalía.

El abogado de Alberto González Amador ha impugnado el alegato de la teniente fiscal descartando que se haya vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva. En primer lugar, ha asegurado que, una vez se produjo el registro del despacho del fiscal general, se levantó el secreto y las partes tuvieron acceso a las resoluciones. Pese a ello, asegura, la defensa de García Ortir no varió el contenido de los recursos.

"No han aportado prueba documental que demuestre una vulneración de derechos", ha expuesto el letrado Gabriel Rodríguez Ramos. Sobre ello ha especificado que se le han denegado diligencias a todas las partes, incluida a la acusación particular que ejerce González Amador, por lo que el fiscal general no podría hablar de indefensión.

Instrucción modélica y rigurosa

El abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) también ha cerrado filas con el letrado de González Amador, asegurando, además, que el magistrado Ángel Hurtado ha practicado una "instrucción modélica en cuanto a razonamientos, ejecución y en cuanto a los tiempos". Ignacio de Lucas ha rebatido la tesis de la defensa de que "ya venía todo cocinado" del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (que instruyó la causa hasta que el Supremo asumió el procedimiento por la condición de aforado de García Ortiz) y ha recordado que fue precisamente su defensa la que instó al tribunal madrileño a que no siguiera instruyendo por su condición de aforado.

De Lucas, que ha calificado la instrucción que ha llevado al banquillo al máximo representante de la Fiscalía de "modélica y rigurosa", ha calificado de "sorprendente" el argumento de la defensa de pedir la nulidad del análisis de los mensajes intervenidos, que ha tachado de "abstracto" pues "no le han cogido absolutamente nada porque lo ha borrado todo" (en referencia al borrado de sus mensajes del móvil).

"No hay una investigación prospectiva", ha recalcado el letrado del ICAM. "No hay una prueba directa, es una cuestión de enjuiciamiento", ha defendido De Lucas, para quien tampoco se produjo ninguna vulneración de derechos fundamentales en el registro del despacho del fiscal general.

Por su parte, el letrado de otra de las acusaciones populares, Fundación Foro Libertad y Alternativa, Fernado García Capelo, ha insistido en que todas las objeciones planteadas por la defensa "ya han sido resueltas por la Sala". Del mismo modo, ha negado que toda la instrucción estuviese encaminada a probar la culpabilidad de García Ortiz. "La incautación de los móviles no está encaminada a probar la culpabilidad. Si se dice eso es porque se piensa que podían contener elementos incriminatorios", ha puesto de relieve. "Si no incluyese nada hubiese sido una prueba de descargo. Se nos está reconociendo que en esos móviles había elementos para probar la culpabilidad", ha reiterado.

Una defensa con "contradicciones internas"

En cuanto al abogado de Manos Limpias, Víctor Soriano, ha asegurado que "sorprende que se diga que la acusación es prospectiva". "Pocas dudas caben de la pulcritud de la instrucción", ha añadido en la línea de sus compañeros de bancada. "La resolución de este proceso han sido muy diligentes en comparación con la instrucción de delitos de la misma naturaleza", ha afirmado.

Por último, Juan Antonio Frago, abogado de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), ha puesto de manifiesto que la defensa de García Ortiz "sigue cabalgando" sobre "contradicciones internas". "No ha impugnado las periciales, pero sí el cauce para llegar a las mismas", lo que en su opinión resulta "incongruente".

Frago también ha tildado de "pulcra" la actuación de Hurtado. Y ha señalado que "no se ha registrado la vivienda del acusado, donde muy probablemente se estaba cometiendo el hecho delictivo". Para el letrado, "no cabe la nulidad de las actuaciones". "Se empezó recurriendo porque había secretos de Estado en el material incautado -ha reprochado a la defensa- y se pasó a exponer un protocolo de borrado" que considera inexistente.

Del mismo modo, ha afirmado que "no es admisible la crítica de que se ordenó el registro" del despacho del fiscal general "sin actuaciones previas", porque para entonces "había ya cuatro tomos de instrucción" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Asimismo, ha dicho que le parece "alarmante" que la defensa de García Ortiz se plantee la posible recusación de los cinco magistrados que compusieron la Sala de Admisión.