Régimen híbrido y elecciones 2026: la observación internacional como garantía democrática, por Manuel Rodríguez Cuadros
Las próximas elecciones, sin caer en hipérboles, tendrán un impacto histórico, decisivo, en la historia convulsionada de la democracia peruana. Esta aseveración no es una apreciación subjetiva. Todo lo contrario. Es una contundente realidad que se deriva objetivamente de la actual situación crítica que vive el país. Y también del contexto internacional en el que tendrá lugar el acto electoral.
Le Monde, The New York Times, The Economist, The Washington Post, El País, Le Temps y los principales centros de análisis y prospectiva del mundo, con matices, coinciden en considerar que el régimen político en el Perú habría colapsado, dando lugar a una extrema inestabilidad política y a un deterioro manifiesto de la institucionalidad democrática. Los principales centros de análisis político y prospectiva, como el Carnegie Endowment, el Council on Foreign Relations (CFR), el Chatham House, el Crisis Group, el Real Instituto Elcano o IDEA Internacional, coinciden que en el Perú hay una grave crisis política e institucional, una fragmentación de la sociedad, una crisis de la representación, un recrudecimiento de la pobreza y un ascenso crítico de la criminalidad.
Los más confiables índices sobre la institucionalidad democrática reflejan estos consensos mundiales. Según el informe Democracy Index 2024 del Economist Intelligence Unit, el Perú obtuvo una puntuación de 5,69 sobre 10, lo que lo sitúa por debajo del promedio de los 24 países latinoamericanos evaluados en el índice (5,61). De manera concomitante, el régimen político en crisis del país ha sido calificado por The Economistcomo un régimen híbrido.
El colapso del sistema político regulado por la actual Constitución Reformada de 2024, ha producido siete presidentes en seis años. La desinstitucionalización –entre otros factores– está asociada a la corrupción, ámbito en el que la apreciación internacional muestra iguales o mayores preocupaciones que en torno al deterioro del sistema político. Según el Corruption Perceptions Index de Transparencia Internacional (2024), el Perú es el quinto país con mayor corrupción en todas las Américas. Y lo que es más grave,señala que en Perú, Honduras y Guatemala “las pruebas sugieren que los delincuentes organizados ejercen una fuerte influencia sobre los candidatos y los políticos, financiando campañas electorales o incluso presentándose ellos mismos a cargos públicos.”
Estas realidades críticas son sistemáticamente procesadas, también, por los inversores extranjeros y nacionales, los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, los bancos y las calificadoras de riesgo. Todas coinciden en que el fraccionamiento de la sociedad, la inestabilidad y la incertidumbre política afectan el clima de las inversiones. El BBVA, en su último informe del 14 de octubre de 2025, ha señalado que “con seguridad, la inestabilidad política es una de las razones por las que nuestro crecimiento potencial se ha desacelerado marcadamente en los últimos años, pasando de un 6,5% hacia el 2013 a uno alrededor de 3,0% actualmente.”
A los efectos económicos negativos de la crisis institucional del Estado de Derecho, alimentada además por la mutua interferencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus competencias, se añade el desconcierto, la desconfianza, el recelo y el hastío de la población sobre la política y los políticos. Solo el 10% confía en la democracia (Latinobarómetro, 2025). Otro factor agravante en las percepciones internacionales es que se trata de una democracia híbrida sin partidos políticos funcionales y casi sin políticos profesionales e idóneos.
Las elecciones del 13 de abril del 2026 se realizarán en este contexto de crisis de la democracia y su institucionalidad, de fragmentación y aumento de la desigualdad social, de polarización extrema entre las regiones y el centralismo limeño, y evidentemente en un mar de fondo caracterizado por el incremento de las organizaciones criminales que llevan a la población a expresar cotidianamente con desesperación su reclamo por garantías mínimas de seguridad para sus vidas y actividades laborales. Es una hipótesis muy realista pensar en la intervención de la violencia criminal en el acto electoral, que sería el peor escenario.
Por estas razones estructurales y de coyuntura, en las próximas elecciones no solo se elegirá un gobierno sino la posibilidad de que el país se enrumbe hacia una solución, lo más concertada posible, , o sencillamente hacia su agravamiento. De allí la importancia histórica del voto del 2026. Es indispensable asegurar un proceso electoral institucional, basado en los principios de neutralidad, legalidad, pluralidad, transparencia y control ciudadano. Es un imperativo que las elecciones estén bajo el estándar internacional de ser legales, justas, democráticas y libres.
En el marco de la crisis institucional, de la polarización política que llega a extremos ajenos a toda racionalidad (la descalificación del otro con base en la injuria, el uso de la ley como arma política (lawfare), el terruqueo o la estigmatización política o personal) y de la violencia criminal generalizada, es indispensable –más que nunca– una sólida observación internacional de los comicios, antes, durante y después del acto electoral del 13 de abril.
Para las elecciones del 2021, el 15 de octubre de 2020, el canciller Mario López Chávarri dirigió la nota diplomática formal correspondiente al Secretario General de la OEA solicitando el envío de una Misión de Observación Electoral. Ese mismo día, el Secretario General de la OEA aceptó la invitación. A las pocas semanas se envió una misión preliminar. Posteriormente, la misión se estableció y desarrollo su mandato de observación activa con un enfoque descentralizado y multifuncional. Conocidos los resultados de las elecciones, en un escenario menos polarizado que el actual, hubo reclamos, solicitudes de nulidad y un abierto negacionismo del resultado electoral, lo que provocó niveles muy altos de tensión política y social. La observación de la OEA resolvió los conflictos al constatar y declarar que, salvo pequeños incidentes, el acto electoral y su resultado fueron justos, legales, limpios y conformes a los estándares internacionales.
Actualmente, el Jurado Nacional de Elecciones ha dado un paso positivo al solicitar a la OEA el envió de una Misión de Observación Electoral (MOE), similar a la que participó en las elecciones del 2021 y a las que la OEA ha enviado en los últimos años a otros países de la región.
La Misión debe establecerse sobre el marco legal de la Constitución de la República, las disposiciones aplicables de la Carta de la OEA, la normatividad de la Carta Democrática Interamericana (artículos 3, 23 y 24), el Manual de Procedimientos de Observación Electoral de la OEA y la Ley Orgánica de Elecciones N.º 26859. Su mandato debe ser integral y con un enfoque cautelar, para evitar el surgimiento de situaciones controversiales como las del 2021. Las tareas principales deben estar dirigidas a analizar la transparencia del padrón electoral, la distribución geográfica del voto y la logística del sufragio; la viabilidad en las actuales circunstancias del voto digital, el monitoreo de la equidad en la competencia electoral, en particular el acceso a medios y financiamiento político; observar la participación política inclusiva, especialmente de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades rurales y peruanos en el exterior; y examinar los mecanismos de resolución de controversias y justicia electoral.
La observación electoral de la OEA y de otras entidades internacionales, como la Unión Europea, y entidades de la sociedad civil como el Centro Carter, es una práctica consolidada de la diplomacia democrática preventiva.