Cada 6 de diciembre celebramos la Constitución, el marco de convivencia que garantiza nuestros derechos, articula nuestras instituciones y asegura la igualdad de todos los ciudadanos. Una fecha que recuerda que la Carta Magna es una estructura viva. En esa arquitectura institucional, los ayuntamientos desempeñan un papel decisivo: la primera puerta del Estado. Cuando un ciudadano reclama un servicio básico, quien responde no es la administración de los debates parlamentarios, sino su ayuntamiento. En esa cercanía, los principios constitucionales se vuelven cotidianos y la igualdad se mide en servicios reales. Por eso, el municipalismo es un pilar esencial del Estado social y democrático de derecho. Una proximidad que no siempre recibe el reconocimiento institucional que merece. Los ayuntamientos gestionan servicios esenciales con marcos normativos diseñados en otro tiempo: la Ley de Bases de Régimen Local, de 1985, y el sistema de financiación municipal, de 2002. Pero los municipios afrontan retos de hoy: dificultad de acceso a la vivienda o la transición ecológica. La brecha entre las necesidades de los vecinos y los medios disponibles no puede seguir creciendo. La autonomía municipal reconocida en la Constitución es la garantía de que cada ayuntamiento puede organizar sus servicios con responsabilidad. Pero esa autonomía se debilita cuando se aprueban normas sin diálogo previo o se imponen obligaciones sin financiación adecuada. La tasa de basuras es un ejemplo: una regulación impulsada por el Gobierno ha obligado a todos los municipios a implantar una medida que Europa no exigía en la forma planteada, generando desigualdades. La financiación local tampoco se ha actualizado, aunque lo pidan todos los grupos políticos representados en la FEMP. ¡No es una reivindicación ideológica! La igualdad entre españoles exige que los ayuntamientos dispongan de recursos suficientes. ¿Cómo garantizarlos en un municipio grande y en uno pequeño? ¿Cómo planificar inversiones si no se permite utilizar los remanentes municipales? La Constitución establece también la cooperación entre administraciones. Esa colaboración tiene un espacio natural en las diputaciones provinciales, cabildos y consells insulares, que sostienen a miles de localidades de menor tamaño que, sin su apoyo técnico y financiero, no podrían garantizar servicios esenciales. Su función es clave para asegurar que ningún ciudadano quede atrás por vivir en un entorno pequeño. La cooperación se articula también a través de la FEMP. Nació para dar a los ayuntamientos una sola voz y para que la pluralidad política no impidiera el acuerdo institucional. Representa a los 8.132 ayuntamientos y recuerda que cada decisión estatal tiene un impacto directo en la vida de las personas. Pero esa interlocución exige espacios efectivos de diálogo. La Comisión Nacional de Administración Local, órgano de cooperación entre el Estado y las entidades locales, no se convoca de forma ordinaria desde 2022. No es un formalismo: es el foro donde abordar la financiación o el impacto de las nuevas normativas. Cumplir la Constitución implica, también, activar y respetar los órganos que hacen posible ese diálogo. Los problemas urgentes, desde la vivienda a la gestión de residuos, siguen ahí. Y son los ayuntamientos quienes los afrontan. Hacerlo con eficacia requiere herramientas e inversiones financieramente sostenibles. Los ayuntamientos han demostrado rigor; el Gobierno debería corresponder con confianza. La Constitución es un compromiso entre generaciones. La han sostenido nuestros padres y la sostienen hoy quienes, desde los ayuntamientos, garantizan cada día la convivencia, la igualdad y los derechos. En el día de la Constitución, el mejor homenaje no es retórico: es cumplirla. Cumplirla en el respeto a la autonomía local; en la cooperación institucional; en la financiación adecuada; en el diálogo leal entre administraciones. Cumplirla en ese lugar donde la vida democrática se hace más evidente: nuestros municipios.
