Víctimas exigen a Marlaska el cumplimiento de sus compromisos en la lucha contra las sectas

Varias asociaciones de víctimas de sectas y terapias pseudocientíficas señalan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la Policía Nacional por el “incumplimiento” del compromiso de la creación de un Observatorio de Sectas Destructivas. Este organismo prometía fomentar la coordinación de las instituciones en la actuación contra estos grupos coercitivos, la prevención y la protección de las víctimas. Sin embargo, “más de un año y medio después, el observatorio sigue sin constituirse formalmente, no existe dotación presupuestaria conocida, y no se ha informado a las asociaciones sobre avances o plazos concretos”, asegura Juantxo Domínguez, presidente de RedUNE, una de las asociaciones que participaron en las reuniones con los grupos parlamentarios a este respecto. Consultado por este diario, el Ministerio del Interior no da más detalles y asegura que “se está trabajando para su puesta en marcha próximamente”.

En 2024, las asociaciones mantuvieron un encuentro en el Congreso de los Diputados con el PSOE, PP y Sumar, entre otros, y entregaron más de 300.000 firmas para la tipificación del delito de persuasión coercitiva en el Código Penal. Domínguez explica que esta medida permitiría legislar sobre “todo lo que puede suponer que alguien o algo se aproveche de la vulnerabilidad de las personas” para ejercer una “manipulación”, “sometimiento” o “coacción psicológica” sobre ellas, como ocurre para las víctimas de grupos sectarios. Al respecto de esta iniciativa tampoco han vuelto a tener noticias por parte de las instituciones.

A su juicio, “las víctimas de grupos sectarios continúan desamparadas, sin acceso a recursos psicológicos especializados, asistencia jurídica gratuita ni protocolos policiales específicos que garanticen su protección y reparación”. Según RedUNE, en España alrededor de 100.000 menores “podrían estar expuestos a la captación por parte de grupos coercitivos” y más de medio millón de personas “viven bajo la influencia de dinámicas sectarias”.

Domínguez subraya la necesidad de que la legislación española se actualice para estar en “consonancia con lo que se está haciendo en otros países europeos”. Uno de los casos más avanzados en este sentido es el de Francia, donde la ley “About-Picard” ya tipificó el delito de abuso del estado de debilidad física o psicológica en el año 2001, permitiendo así prevenir y perseguir los movimientos sectarios. Además, en mayo de 2024 se reforzaron por ley los medios de lucha contra estos grupos y el acompañamiento a las víctimas.

Una línea de atención 24 horas

Lo que sí se ha puesto en marcha en España es el correo sectasdestructivas@policia.es, que permite denunciar de forma anónima posibles delitos relacionados con conductas sectarias. Según el Ministerio del Interior, “recibe una media de 100 mensajes al mes”. Sin embargo, las asociaciones aclaran que esta única medida no es suficiente: “No se ha articulado una red nacional de atención integral, ni una base de datos unificada sobre la incidencia y tipología de estos grupos, ni campañas de sensibilización pública”. Desde RedUNE añaden que la cantidad de información que llega a esa unidad de la policía dedicada a la detección de sectas, solo evidencia la necesidad de hacer un mayor despliegues de recursos.

Red Parental España, la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, la Asociación de Víctimas de la Santería, la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico y la ya citada RedUNE (Red de Prevención de Sectarismo y del Abuso de la Debilidad) concluyen su denuncia exigiendo, además del cumplimiento de los “compromisos adquiridos”, la creación de una línea nacional de atención 24 horas para víctimas, campañas de información y prevención ciudadana, formación obligatoria para jueces, fiscales, policías, docentes y sanitarios en detección de manipulación coercitiva, un protocolo interministerial unificado que garantice la protección de menores en riesgo de captación y financiación pública estable para programas de asistencia a víctimas y de investigación sobre el fenómeno sectario en España.

“No podemos esperar a que haya más víctimas o tragedias mediáticas para reaccionar. España necesita ya un marco institucional eficaz para proteger la libertad y la dignidad de las personas”, concluyen.