EE.UU. se prepararía para incautar más barcos petroleros cerca a Venezuela mientras presiona más a Maduro
Estados Unidos se prepara para interceptar e incautar más buques petroleros vinculados al transporte de crudo venezolano, según seis fuentes familiarizadas con el asunto, citadas por Reuters, tras la captura del primer tanquero identificado como Skipper el miércoles 10 de diciembre. La medida, enmarcada en la política de sanciones vigente desde 2019, busca elevar la presión financiera sobre el régimen de Nicolás Maduro y puso en alerta a navieras y operadores que evalúan si seguir zarpando desde puertos venezolanos en los próximos días.
La Casa Blanca adelantó que el buque incautado será conducido a un puerto de Estados Unidos, donde el gobierno pretende confiscar el cargamento mediante un proceso legal. La portavoz Karoline Leavitt sostuvo que existe un procedimiento formal de decomiso que se seguirá en tribunales, mientras Reuters informó que el calendario de nuevas incautaciones dependerá, entre otros factores, de la capacidad de los puertos para recibir barcos antiguos, con propiedad opaca y seguros limitados.
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Washington, Skipper y nuevas sanciones
De acuerdo a la agencia de noticias, Washington apunta a la “flota fantasma” -una red de buques que transporta petróleo sancionado- que mueve crudo hacia China (principal comprador del petróleo venezolano) y otros destinos. Las fuentes señalan que algunos tanqueros realizan viajes para diferentes países sancionados, como Venezuela e Irán, lo que eleva el interés de EE.UU. por intervenir barcos que, además de crudo venezolano, puedan estar ligados a rutas de evasión de sanciones.
En el corto plazo, la captura del Skipper ya provocó un frenazo operativo. Reuters reportó que al menos un transportista suspendió temporalmente la salida de tres cargamentos recién embarcados que totalizan casi 6 millones de barriles de Merey, mientras varios buques permanecían a la espera frente a costas venezolanas por considerarlo “más seguro”. Ese efecto disuasivo -sobre propietarios, operadores e intermediarios- es parte del objetivo: encarecer y complicar la logística de exportación del principal sostén de divisas del país.
En paralelo a la incautación, el Departamento del Tesoro (OFAC) anunció el 11 de diciembre sanciones contra tres sobrinos de Cilia Flores, un empresario vinculado al gobierno y seis compañías navieras, además de identificar seis buques asociados por “prácticas engañosas e inseguras” para ocultar su localización y operaciones. El comunicado oficial detalla, entre otros, a los buques WHITE CRANE, KIARA M, H. CONSTANCE, LATTAFA, TAMIA y MONIQUE y describe conductas como manipulación o falta de transmisión de señales.
Estados Unidos habría armado una lista de varios petroleros sancionados para posibles incautaciones y que los planes habrían sido trabajados durante meses por el Departamento de Justicia y Seguridad Nacional. En ese escenario, la combinación de sanciones financieras y acciones marítimas busca recortar ingresos petroleros, presionar a compradores y elevar el riesgo para aseguradoras y operadores que participan en el circuito de transporte del crudo venezolano.
¿Piratería o acción legal para Venezuela?
Caracas ha denunciado la operación como “piratería” y “robo”. Sin embargo, especialistas citados por Reuters sostienen que no encaja en la definición jurídica clásica de piratería bajo el derecho internacional, al tratarse de una acción atribuida a un Estado y no de violencia “para fines privados”. En esa línea, el experto Laurence Atkin-Teillet (Nottingham Law School) señaló que, al estar “aprobada y sancionada” por Estados Unidos, la captura no puede considerarse piratería y el término se usa más como recurso retórico.
La base conceptual suele remitirse a la definición de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que describe la piratería como actos ilegales de violencia o detención cometidos “para fines privados” por tripulantes de un barco privado en alta mar contra otra nave, entre otros supuestos. Esa formulación, recogida por Naciones Unidas y la OMI, ayuda a explicar por qué juristas diferencian entre piratería y operaciones estatales (aunque la legalidad concreta de una interdicción puede abrir debate según el estatus del buque y la jurisdicción invocada).
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Una pesadilla para Cuba
La preocupación cubana se centra en una realidad inmediata: apagones diarios y una red eléctrica frágil que depende del suministro de crudo y combustibles importados. Reuters informó que Cuba recibe parte significativa de su energía de envíos venezolanos transportados por buques pequeños y por una flota paralela de petroleros sancionados; si la incautación del Skipper se convierte en patrón, la cadena logística podría verse severamente limitada.
Entre enero y noviembre, Venezuela envió a Cuba unos 27.000 barriles diarios, por debajo de los 32.000 del año pasado, según datos y documentos citados por Reuters. El analista Jorge Piñón (Universidad de Texas en Austin) estimó que ese flujo cubre alrededor del 50% del déficit petrolero de la isla —o cerca de una cuarta parte de su demanda total—, por lo que un recorte adicional dejaría a La Habana con menos margen justo cuando el suministro desde México habría bajado y el aporte ruso “en grandes cantidades” no se habría materializado.
Reuters añadió que el Skipper habría transferido una parte de su carga cerca de Curazao a otro buque con destino a Cuba, dentro de un esquema usado para sortear restricciones: superpetroleros cargan en Venezuela, hacen una parada breve para trasvasar una fracción hacia la isla y el resto continúa hacia China. Cuba, por su parte, ha anunciado que acelerará la construcción de parques solares, pero funcionarios han advertido que sus viejas plantas seguirán necesitando combustible, por lo que cualquier interrupción del flujo petrolero agrava un problema que ya es económico y social.