Celulares robados en el Perú superan los 1.3 millones y solo el 7.2% se recuperaron en 2025, según Osiptel
En lo que va del 2025, entre enero y noviembre, el Perú ha registrado 1.339.272 robos de celulares, según cifras del Osiptel difundidas por el analista de datos Juan Carbajal. Sin embargo, solo el 7,29 % de los equipos reportados —equivalente a 97.683 celulares— ha sido recuperado por las autoridades.
Los datos muestran que el mayor número de robos se concentra entre las 10 a. m. y las 7 p. m., franja horaria en la que se reportan entre 250 y 300 casos por hora. Además, los lunes registran la mayor incidencia semanal, con cerca de 5.000 denuncias en un solo día. En cuanto a las marcas más afectadas, Samsung y Redmi encabezan la lista de celulares más robados en el país, debido a su alta demanda tanto en el mercado formal como en el informal.
Osiptel precisó que la información sobre los equipos móviles recuperados corresponde a celulares que previamente habían sido reportados como perdidos o presuntamente robados por los propios usuarios ante las operadoras y que, posteriormente, fueron desbloqueados tras ser recuperados por los mismos abonados.
¿Por qué se recuperaron solo el 7.2% de celulares?
Nicolás Zevallos Trigoso, exviceministro del Interior y director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, explicó a La República que solo se recupera alrededor del 7 % de los celulares robados debido a que actualmente no existe un mecanismo funcional que articule la devolución de los equipos recuperados. Señaló que, aunque en años anteriores se impulsaron campañas para identificar y retornar celulares hallados, estas iniciativas “quedaron en segundo plano”. A ello se suma el volumen masivo de robos, lo que vuelve casi imposible cerrar el círculo de recuperación.
El especialista advierte que la persistencia del delito tiene una causa central: el mercado ilegal que compra y revende celulares o sus piezas. “Mientras ese mercado exista, seguirá habiendo quien robe. Hay demanda y, por lo tanto, oferta”, afirma.
El robo de celulares ya no responde únicamente al valor del aparato. Actualmente, los delincuentes buscan acceder a aplicaciones bancarias, billeteras digitales y redes sociales para obtener dinero o información sensible. Estos delitos derivados, como la extorsión o la suplantación de identidad, se han vuelto cada vez más frecuentes. “Ya no solo te roban el equipo, sino todo lo que pueden hacer dentro de él. Acceden a Yape, redes sociales o contactos para pedir préstamos o cambiar dólares. Es un caso muy común”, advierte.
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Por su parte, José Manuel Saavedra, experto en comunicación política y gubernamental y presidente de Misión de Ciudades Seguras, señala que una de las principales razones del bajo nivel de recuperación de celulares es la ausencia de un sistema de rastreo en tiempo real. Actualmente, no existe una plataforma integrada entre las operadoras, la Policía Nacional y el Ministerio Público que permita detectar de inmediato la activación de líneas robadas, equipos clonados o cambios sospechosos.
Esta falta de articulación permite que los celulares robados ingresen rápidamente a mercados ilegales, como Las Malvinas u otros puntos de reventa que, pese a ser intervenidos, vuelven a operar al día siguiente.
Otro factor clave es la alteración del IMEI, una práctica ilegal ampliamente extendida en el país. Al modificar esta identidad digital, el equipo desaparece del radar del Estado y se vuelve prácticamente irrecuperable. “El cambio de IMEI es un negocio instalado, pero el técnico que lo realiza casi nunca es identificado ni sancionado”, advierte. A ello se suma la escasa capacidad de investigación criminal especializada. No existe una unidad dedicada exclusivamente a la recuperación de celulares robados, lo que genera desconfianza en la ciudadanía.
¿Qué medidas debería implementarse?
Zevallos sostiene que una de las acciones más urgentes es intervenir de manera sostenida los mercados donde se comercializan equipos robados, ya que estos puntos de venta constituyen el eslabón clave que mantiene activa la cadena delictiva. Sin un control permanente sobre estos espacios, advierte, cualquier esfuerzo resulta insuficiente.
Asimismo, remarca la necesidad de aliviar la carga burocrática que hoy recae sobre la Policía, el Osiptel y las empresas operadoras, pues el marco normativo vigente ha demostrado ser poco efectivo para reducir los robos. Según explica, el exceso de trámites y responsabilidades administrativas termina desviando recursos que deberían destinarse a la investigación y persecución criminal.
Finalmente, plantea establecer un mecanismo legal claro y vinculante que obligue a la Policía o al Ministerio Público a actuar cuando se detecte la ubicación GPS de un celular robado. Señala que, pese a contar en muchos casos con información en tiempo real, las intervenciones no siempre se autorizan ni se ejecutan con la rapidez necesaria, lo que permite que los equipos vuelvan a desaparecer en el mercado ilegal.
Por su parte, Saavedra plantea, entre las medidas propuestas, la creación de una plataforma nacional integrada de rastreo y bloqueo de celulares, que conecte en tiempo real a la Policía Nacional, las empresas operadoras y el Ministerio Público, con el objetivo de garantizar la trazabilidad completa de los equipos robados.
Asimismo, considera indispensable criminalizar y perseguir de manera efectiva la alteración del IMEI, poniendo el foco en los técnicos que participan en esta etapa clave del delito y que actualmente permanecen, en muchos casos, fuera del alcance de la sanción penal. Otra acción prioritaria es exigir mayor responsabilidad a las empresas operadoras, obligándolas a reportar activaciones sospechosas y patrones anómalos de uso que permitan detectar de forma temprana equipos robados o clonados.
Por último, subraya la importancia de fortalecer la prevención ciudadana, promoviendo el registro del IMEI, el reporte inmediato del robo y el uso de las herramientas de seguridad que ofrecen los distintos sistemas operativos. “Mientras un celular robado pueda reactivarse y revenderse, el delito seguirá creciendo. No solo en el Perú, sino a nivel global”, advierte.
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