La UCO y la Policía sitúan al PSOE y al Gobierno ante "un mes duro" de corrupción

Los casos de corrupción que acorralan al Gobierno dieron un salto hiperbólico esta semana. Los «sinvergüenzas» que habrían aprovechado su paso por altos cargos de la Administración ya no están acotados a cuatro nombres. Y, además, se ha sumado un nuevo cuerpo policial a investigar qué ha pasado en los últimos años en el Consejo de Ministros. Las operaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ponen bajo la lupa toda la etapa de Pedro Sánchez como líder del Ejecutivo. Desde el minuto cero, en 2018, hasta principios de 2024, cuando se detuvo al exministro José Luis Ábalos y al resto de la «trama Koldo». Las fuentes policiales avisan de que «queda un mes duro de casos de corrupción». En Moncloa lo saben, aunque desconocen de dónde vendrá el siguiente golpe.

Desde el miércoles, el número de detenidos relacionados con el Gobierno se ha incrementado en tres: Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. La primera, una exmilitante que, primero buscó información contra los investigadores de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción –lo que se investiga en un juzgado de Madrid– y segundo, habría participado en el amaño de contratos públicos. El segundo, «amigo» íntimo de la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo ejecutor con el que Moncloa controla lo que ocurre en los consejos de administración de las empresas estratégicas. Y el tercero, el socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la empresa Servinabar, que se alió con Acciona para conseguir mordidas de obras públicas.

Los agentes entraron estos días en varias compañías públicas en busca de documentación y contratos bajo sospecha. Las últimas, Correos, dos entes dependientes de Hacienda, y en la Dirección General de Política Energética y Minas, de Transición Ecológica. El empresario Antxon Alonso tiene intereses societarios en todas esas áreas. De hecho, el primer proyecto que trató con Cerdán fue el de la explotación de una mina. Como contó LA RAZÓN, la idea de la «trama» de Díez era convertir la pequeña Servinabar en un «lobby» para acceder al PSOE.

A cada paso que dan los investigadores, las piezas encajan y enseñan la inundación de presunta corrupción que ha asolado España en los últimos años. Leire Díez, en sus trabajos de cloacas, se presentaba como «mano derecha» de Cerdán. Fernández, al salir de la SEPI, recaló en Servinabar, la empresa de las mordidas. La industrial rescató a la aerolínea Plus Ultra –registrada por la Policía esta semana por presunto blanqueo– con 53 millones bajo la supervisión del «amigo» de Montero aunque ya no estuviese en el organigrama... Un mapa de los desmanes de los colaboradores del presidente Sánchez que comenzó con la importación de mascarillas, y que da sus primeros pasos en los juzgados.

El Tribunal Supremo confirmó esta semana el procesamiento de Ábalos y su hombre de confianza, Koldo García, por aquellos contratos durante la pandemia. Es el primer paso de un largo camino que tendrá que recorrer, presumiblemente, el exministro de Transportes en los próximos meses y que comenzará en primavera.

Los guardias civiles al servicio del juez de la Audiencia Nacional detuvieron y registraron sedes de empresas durante los tres últimos días. El jueves también se conoció el último informe del «caso Hidrocarburos», donde se refleja que la trama del comisionista Víctor de Aldama gastó un millón de euros para ganarse los favores de Ábalos. La mitad habría sido destinada a la compra de una casa en Cádiz de la que disfrutó el exministro durante unas vacaciones. Esta causa está todavía en fase embrionaria, ya que está pendiente el análisis de una gran cantidad de información mercantil y económica, y de dispositivos electrónicos.

La otra rama de la corrupción tiene que ver con las obras adjudicadas a la propia Servinabar y a Acciona. Los investigadores creen que se ganaron concursos públicos por la presencia de la primera, de la que Cerdán posee el 45% según un documento encontrado en su sede. En realidad, la compañía no habría realizado trabajo alguno, y serviría de canalización para las mordidas del exdiputado.

En esa causa están imputados dos antiguos altos cargos de Transportes: la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el anterior director general de Carreteras, Javier Herrero. Ambos están siendo investigados por supuestamente amañar los contratos, pero ella también lo está por haber contratado en un organismo público a la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, que declaró que en realidad no iba a trabajar.

El entorno de Sánchez

Paralelo a los casos de corrupción que afectan directamente a su Gobierno, Pedro Sánchez vive con más angustias las causas que implican a su entorno más cercano: su familia. Su mujer, Begoña Gómez, está imputada en Madrid por sus trabajos personales en una cátedra que codirigió en la Universidad Complutense. El juez instructor, Juan Carlos Peinado, investiga otros dos aspectos: los contratos públicos que recibió uno de sus colaboradores, Juan Carlos Barrabés, y la contratación de su asistenta personal en el Palacio de la Moncloa.

En Extremadura, por otra parte, la jueza terminó la investigación referente a la contratación del hermano del presidente, David Sánchez, por parte de la Diputación de Badajoz. Junto a él está imputado el secretario general de los socialistas en la región, Miguel Ángel Gallardo, que es el candidato del PSOE para las elecciones autonómicas que tendrán lugar dentro de una semana. El juicio se celebrará entre el 28 de mayo y el 4 de junio del año que viene, después de que tuviese que ser aplazado a petición de las partes.