El expresidente de Bolivia Luis Arce Catacora fue ingresado la noche del viernes en cárcel de San Pedro, en La Paz, sede de gobierno. Debe cumplir cinco meses de detención preventiva por su presunta participación en el caso de corrupción denominado «Fondo Indígena» . La justicia de ese país considera que existen indicios suficientes de autoría y riesgo de obstaculización de la investigación. «No nos hemos ido», exclamó Arce mientras era conducido dentro de la prisión, bajo un fuerte operativo policial. Esposado, el exmandatario se dirigió apenas brevemente a los medios de comunicación con esa frase. Luis Arce, quien dejó la presidencia de Bolivia hace poco , es investigado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, presuntamente cometidos cuando se desempeñaba como ministro de Economía y miembro del directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) durante el gobierno de Evo Morales. La Fiscalía sostiene que, en ese periodo, se habrían autorizado desembolsos de recursos públicos sin la fiscalización adecuada o sin respaldo técnico y legal, así como transferencias irregulares a cuentas particulares, sin ejecución real de los proyectos que debían beneficiar a zonas rurales y pobres de ese país. El caso Fondo Indígena estalló entre 2014 y 2015, tras auditorías que revelaron la existencia de proyectos inexistentes, inconclusos o desviados, financiados principalmente con recursos de la explotación de hidrocarburos. La magnitud del daño económico sigue siendo objeto de disputa: mientras el Gobierno ha hablado de Bs 360 millones, otras estimaciones elevan la cifra a cientos de millones de dólares. La parte acusadora sostiene ahora que el perjuicio supera los Bs 4.000 millones. En su resolución, el juez Elmer Laura sostuvo que, aunque la defensa acreditó arraigo familiar y laboral porque es docente de economía en una universidad pública, estos elementos no neutralizan los riesgos procesales, especialmente el de obstaculización. Según dijo, la condición de exministro y expresidente otorga a Arce una capacidad real de influencia sobre exfuncionarios, testigos y coacusados que formaron parte de la estructura institucional investigada. La autoridad judicial subrayó además que el caso involucra a decenas de personas entre exautoridades, dirigentes y funcionarios, así como múltiples actos investigativos pendientes: pericias, inspecciones técnicas y declaraciones. «No se trata de una investigación unipersonal, sino de responsabilidades compartidas», afirmó el juez al justificar su decisión. Respecto al riesgo de fuga, considera que Arce tiene facilidades para abandonar el país, dada su trayectoria de viajes y la normativa que permite la salida del territorio con cédula de identidad. En cuanto al estado de salud, rechazó los argumentos de la defensa al señalar que no se presentaron certificados médicos actualizados que acrediten la enfermedad oncológica alegada, y precisó que la atención médica puede ser garantizada dentro de la cárcel. Durante la audiencia, el expresidente boliviano se declaró inocente y calificó el proceso como «político». Afirmó que su participación en el Fondo Indígena fue limitada y que delegaba esa función a representantes de su ministerio. Tras la decisión judicial, su defensa apeló la detención preventiva y presentó un recurso de excepción de incompetencia, solicitando un juicio de responsabilidades, figura prevista para exmandatarios. Por su parte, la exministra de la Presidencia María Nela Prada informó que una audiencia para resolver ese recurso fue fijada para la próxima semana y pidió garantías de seguridad y respeto a los derechos fundamentales del exjefe de Estado. Régimen Penitenciario confirmó que Arce permanecerá en la sección Posta del penal de San Pedro, aislado por razones de seguridad, y que su estado de salud es estable . Sectores afines al nuevo gobierno de Rodrigo Paz sostienen que el proceso debe avanzar para establecer responsabilidades y recuperar los recursos públicos. Algunos legisladores incluso han pedido ampliar la investigación hacia el expresidente Evo Morales, al considerar que los hechos ocurrieron durante su mandato. En las inmediaciones de la cárcel de San Pedro se registraron momentos de tensión, con un amague de enfrentamientos entre seguidores de Arce y personas que respaldaban la decisión judicial. La exministra Prada fue increpada y se retiró del lugar bajo resguardo policial. El caso ya trasciende las fronteras bolivianas. El Grupo de Puebla, foro regional de líderes de izquierda, expresó su preocupación por la reactivación penal de hechos pasados tras la salida del poder y pidió plenas garantías procesales y defensa efectiva para Arce. El documento fue suscrito por figuras como los expresidentes Alberto Fernández (Argentina) y Rafael Correa (Ecuador), entre otros dirigentes de la región. La parte acusadora aseguró que existen al menos 20 personas más implicadas en el desfalco del Fondo, entre exdirigentes y exministras afines a Evo Morales. Solicitan nuevos mandamientos de detención. Según esa versión, varios de los señalados se encontrarían prófugos. La Fiscalía, por su parte, confirmó que continuará con declaraciones, pericias y actos investigativos considerados clave para esclarecer el destino de los recursos y establecer responsabilidades penales. El ingreso en prisión de Luis Arce marca un cambio radical en su situación personal y política. El 7 de noviembre, tras dejar la Presidencia, se despidió de su equipo y anunció su retorno a la vida académica . Un mes después, está encarcelado preventivamente por un caso de corrupción vinculado a su gestión como ministro de Economía.
