Los exaltos cargos de Plus Ultra y un tercer detenido declaran hoy ante el juez por presunto blanqueo
La juez que investiga un presunto blanqueo de capitales con el rescate de Plus Ultra interrogará este sábado a los tres detenidos en estas diligencias. Fuentes jurídicas confirman que el presidente de la compañía, Julio Martínez; el CEO Roberto Rosellini; y el empresario Julio Martínez Martínez (cuya detención se ha conocido en las últimas horas) pasarán a lo largo de la mañana a disposición judicial.
Las mismas fuentes explican que desfilan por el Juzgado de instrucción número 13 por estar función de guardia, si bien las diligencias se instruyen en el Juzgado número 13, del que es titular la juez Esperanza Collazos. Se trata de la misma instructora que ya investigó el polémico rescate de 53 millones de euros que recibió la aerolínea en marzo de 2021. En este caso las diligencias están secretas.
Los detenidos, que se encuentran ya en los calabozos de Plaza de Castilla, comparecen ante la juez 72 horas después del estallido de la operación en el marco de la cual se registró la sede de la compañía y también las viviendas de los detenidos. Fuentes de la investigación confirman a LA RAZÓN que la UDEF se incautó de numerosa documentación, además de dispositivos electrónicos de toda índole. Los registros se prolongaron hasta última hora de la jornada del jueves.
Malversación de fondos de Venezuela
La investigación judicial trae causa de una denuncia que interpuso la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo. El Ministerio Público pidió a este órgano que abriera diligencias para investigar una presunta organización criminal que habría lavado grandes cantidades de dinero en España, Suiza y Francia proveniente de Venezuela. En concreto se apuntó a una malversación de fondos públicos "de muy alta cuantía" por parte de funcionarios bolivarianos.
La Fiscalía -que impulsó estas diligencias a tenor de unas solicitudes de cooperación internacional procedentes de Francia y de la Fiscalía de Ginebra- apunta a un desfalco procedente, por un lado del fondo público del programa social C.L.A.P (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) creado para abastecer a familias vulnerables y, por otro lado, de la venta de oro del Banco de Venezuela.