La Audiencia Nacional decide hoy si envía a prisión al exnúmero 2 de María Jesús Montero

La Audiencia Nacional decide este sábado si envía a prisión provisional al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ( SEPI ) Vicente Fernández , detenido el pasado miércoles por presuntas irregularidades en contratos públicos. Fernández fue durante años un estrecho colaborador de la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, primero en la Junta de Andalucía , donde la actual ministra de Hacienda lo colocó de interventor general, y después como máximo responsable de la SEPI. El alto tribunal también decide en esta jornada sobre la suerte de la exmilitante del PSOE Leire Díez y el empresario Antxon Alonso , socio del exdirigente socialista Santos Cerdán . Los tres detenidos han pasado a disposición judicial sobre las 10.00 horas de hoy ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña. Díez, Fernández y Alonso fueron arrestados este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de sendas órdenes de detención del juez, que mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario. La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. El instructor ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar , la mercantil que -según las pesquisas de la UCO- está vinculada a Cerdán. Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Asimismo, se personaron en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información. También se personaron para solicitar documentación en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológic a, que precisó que la Guardia Civil acudió a su sede para reclamar dos expedientes administrativos que han sido facilitados a los uniformados «con total colaboración», agregando que «fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos».