La inteligencia artificial entra en las cárceles de EE. UU. con un plan inquietante: aprender de las llamadas entre presos y sus familias

Las conversaciones telefónicas de las prisiones suelen tratar asuntos personales. En muchos casos los internos comentan la situación de sus familias o los problemas cotidianos del encierro. Sin embargo, hay perfiles que aprovechan ese contacto para coordinar movimientos de dinero o ajustar cuentas pendientes. También se detectan intentos de planificar delitos aprovechando la confianza que ofrece la comunicación con el exterior.

Este intercambio continuo de información se ha convertido en una fuente valiosa para quienes analizan la seguridad de los centros penitenciarios, porque de esas charlas pueden extraerse señales de riesgo que antes pasaban inadvertidas.

Los responsables de Securus aseguran que su herramienta ha ayudado a desmantelar redes criminales

Securus Technologies, empresa de telecomunicaciones con presencia en más de 2.000 prisiones de Estados Unidos, desarrolla un sistema de inteligencia artificial capaz de analizar llamadas, mensajes y correos electrónicos de reclusos con el objetivo de anticipar delitos. La compañía comenzó este trabajo en 2023 y lo aplica de forma experimental en diversos centros, donde su tecnología examina en tiempo real fragmentos de conversación para señalar posibles actividades delictivas.

El presidente de Securus Technologies, Kevin Elder, explicó a la revista MIT Technology Review que el sistema permite detectar cuándo un preso podría estar planificando un crimen. La herramienta busca expresiones y patrones de lenguaje relacionados con tráfico de drogas, extorsión o fugas, y remite los fragmentos sospechosos a agentes humanos para su revisión

Elder afirmó que esta inteligencia artificial ya ha servido para desmantelar redes de trata de personas y actividades de pandillas organizadas dentro de las cárceles. También señaló que la compañía colabora con prisiones que albergan tanto a personas en espera de juicio como a condenados, e incluso con centros asociados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Según el presidente de la firma, el objetivo es mejorar la eficiencia de la supervisión en momentos de escasez de personal y no ejercer vigilancia indiscriminada.

Para entrenar sus modelos, la empresa ha utilizado millones de registros acumulados durante años de actividad. Entre ellos se incluye un conjunto de siete años de llamadas del sistema penitenciario de Texas, que sirvió para crear un modelo adaptado a ese estado. Otros modelos se han ajustado a las particularidades de distintos condados estadounidenses. Todos los audios se convierten en texto mediante reconocimiento de voz y se almacenan en bases de datos que la inteligencia artificial examina en busca de anomalías y patrones repetidos. Los presos y sus interlocutores son informados de que las conversaciones se graban, aunque no de que esos registros pueden usarse para entrenar la tecnología.

Activistas denuncian el uso de datos personales sin una alternativa para los internos

Bianca Tylek, directora ejecutiva del grupo de defensa de los derechos de las personas presas Worth Rises, advirtió en la misma publicación que ese sistema implica “consentimiento coercitivo”, ya que los internos no disponen de otra forma de comunicarse con sus familias. Subrayó que, además, las llamadas tienen un coste que los presos deben pagar, de modo que “no solo no se les compensa por el uso de sus datos, sino que se les cobra por recopilarlos”.

Otros defensores de derechos civiles, como Corene Kendrick, subdirectora del National Prison Project de la ACLU, consideran que esta tecnología incrementa la vigilancia sin apenas control judicial y que Securus acumula antecedentes de grabaciones indebidas de llamadas entre internos y abogados. Desde la empresa se sostiene que el análisis de datos no busca rastrear a individuos concretos, sino identificar comportamientos ilícitos generales en el sistema de comunicaciones penitenciarias.

El crecimiento de estas herramientas coincide con un cambio normativo en Estados Unidos. En 2024, la Comisión Federal de Comunicaciones aprobó una reforma que limitaba los costes de grabación y vigilancia que las empresas podían repercutir a los presos, pero las protestas de asociaciones de alguaciles y la presión de las telecos llevaron a revisarla En junio, el comisionado Brendan Carr anunció el aplazamiento de las reformas y en octubre la agencia permitió de nuevo trasladar a los internos los costes de seguridad asociados a la monitorización y a los sistemas de inteligencia artificial.

Securus defendió ante MIT Technology Review que estas medidas son esenciales para mantener seguras las instalaciones y garantizar la protección del personal y del público. La comisionada Anna Gomez votó en contra al considerar que las fuerzas del orden deberían asumir los gastos de vigilancia y no las familias de los presos.