Día Nacional contra el Femicidio: Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres alerta deudas del Estado y desafíos urgentes

Cada 19 de diciembre se conmemora en nuestro país el Día Nacional contra el Femicidio. En este contexto, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres advierte que, pese a avances legislativos, “la aprobación de la Ley Integral es solo un punto de partida”, según señaló Isadora Castillo, integrante de la organización, quien enfatizó que la violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural y que “no basta con incentivar denuncias y establecer sanciones”, subrayando la urgencia de implementar políticas que promuevan vidas libres de violencia, educación no sexista y mejoras en el sistema judicial, donde —afirma— persisten prácticas revictimizantes.

Cada 19 de diciembre se conmemora en nuestro país el Día Nacional contra el Femicidio en memoria de Javiera Neira Oportus, asesinada por su padre en 2005, cuando tenía seis años, en el contexto de violencia contra su madre, a quien intentó defender.

Esta fecha, instaurada desde el 2020 en el marco de Ley Nº 21.282, busca visibilizar este delito como la forma más extrema de violencia contra las mujeres, y de dignificar la memoria de quienes han sido víctimas de femicidio, reconociendo a su vez el aporte del movimiento feminista en la erradicación de la violencia contra las mujeres en nuestro país.

Ad portas de una nueva conmemoración, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con Isadora Castillo, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, para conocer las deudas pendientes del Estado en la materia y los desafíos para poder erradicar la violencia hacia las mujeres.

– ¿Cómo evalúan ustedes la gestión de la actual administración para hacer frente a la violencia contra las mujeres.

Para la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en esta administración ocurrió un hito significativo: la aprobación de la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es importante porque reconoce legalmente la violencia hacia las mujeres y sus distintas manifestaciones, un desafío pendiente y una deuda del Estado de Chile con mujeres y niñas desde hace alrededor de 30 años.

Sin embargo, entendemos que la aprobación de esta ley es solo un punto de partida. Como hemos insistido durante años, no basta con incentivar denuncias y establecer sanciones, que era el foco principal del Estado hasta ahora. Reconocer delitos como el femicidio, el acoso callejero o la violencia en contexto de pareja —a través de la Ley Violencia Intrafamiliar— no es suficiente; falta avanzar en políticas públicas que promuevan vidas libres de violencia, uno de los objetivos centrales de la Ley Integral.

Pero esa parte aún no se ha traducido en acciones concretas. Ese es el desafío hacia adelante es definir cómo se implementarán estas políticas de promoción. Por ejemplo, avanzar en educación no sexista, mejorar cómo los medios de comunicación informan sobre violencia hacia las mujeres y establecer regulaciones respecto a la publicidad. Son medidas que pueden generar transformaciones importantes, porque la violencia hacia las mujeres es un fenómeno estructural, arraigado en la cultura, con múltiples manifestaciones. Aunque el femicidio y la violencia en pareja son las más visibles y graves, las expresiones simbólicas también son significativas, porque sostienen las otras formas de violencia.

Se debe avanzar en la promoción de autonomía para las mujeres, en concientizar sobre las distintas formas de violencia y en establecer que esta no debe ser tolerada por la sociedad.

– Hace unas semanas el Consejo Nacional de Televisión no autorizó, en una primera instancia, la emisión del spot de la campaña sobre la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Cuán grave fue esta decisión y cuál es la relevancia de difundir este tipo de campañas por televisión abierta?

Para la Red, fue una decisión muy grave. Es fundamental concientizar a la sociedad sobre la violencia hacia las mujeres como un fenómeno real que nos afecta en múltiples dimensiones. La sociedad debe tomar conciencia y, además, las mujeres deben conocer la legislación y sus derechos para poder usar las herramientas disponibles en caso de necesitarlo. Por eso nos parece grave que se asuma que la erradicación de la violencia hacia las mujeres responde a un interés de un partido político. Es una responsabilidad de toda la sociedad y del Estado en su conjunto, más allá de gobiernos particulares.

– A pocos días de una nueva conmemoración del Día Nacional contra el Femicidio, ¿Cuáles son para ustedes las deudas pendientes del Estado?

En línea con lo que mencionaba sobre la promoción de vidas libres de violencia, algo que hemos observado por años es que, aunque en los últimos cinco años se ha legislado bastante —se promulgó la Ley Gabriela, la Ley Antonia y se creó un nuevo marco regulatorio para la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo—, sin embargo, su aplicación es deficiente por parte del sistema judicial. Muchas mujeres relatan que sus denuncias no son recibidas adecuadamente por las policías, y que los procesos judiciales son largos y victimizantes. Esto demuestra que el machismo sigue arraigado en nuestra cultura y, por tanto, no es extraño que funcionarios del Estado lo reproduzcan.

Sin embargo, es responsabilidad del Estado que las leyes se apliquen correctamente y que los derechos humanos de mujeres y niñas se resguarden. Por eso es necesario tomar acciones concretas respecto a cómo se emplea la perspectiva de género en la justicia. Ese es un desafío fundamental, además de avanzar en políticas de prevención y promoción.

– Respecto a la elección de este domingo, ¿Cuáles son los puntos centrales que debería trabajar el próximo gobierno? ¿Existe riesgo de retrocesos según la candidatura?

Desde la Red consideramos que la candidatura de Kast representa un peligro o retroceso para los derechos humanos de las mujeres, principalmente por sus acciones y declaraciones. Por ejemplo, se ha opuesto a leyes que refuerzan la autonomía de las mujeres, como cuando rechazó la distribución de la píldora del día después. En su candidatura anterior planteó cerrar el Ministerio de la Mujer; aunque no lo ha mencionado en esta campaña, solo lo modificó luego de la controversia que provocó su propuesta. Estas señales son graves y contraproducentes respecto a la responsabilidad del Estado hacia los derechos de mujeres y niñas.

Respecto a los desafíos del próximo gobierno, esperamos que se reconozca que la violencia hacia las mujeres y niñas es un asunto fundamental. Somos más de la mitad de la población y la violencia que vivimos es un problema de seguridad pública. Nos gustaría que fuera considerada así en los debates, porque mucho se habla de homicidios en las calles, pero no se menciona que las mujeres somos principalmente víctimas de violencia intrafamiliar, crímenes que ocurren dentro de nuestros hogares.

Tampoco se discute que las mujeres tienen mayor presencia en trabajos informales, mayor precarización y mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados. Aunque ahora hay una mayor intención de legislar, esta sigue siendo la realidad, y también afecta nuestra seguridad. Además, es importante retomar la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos. Todos estos son desafíos pendientes que deberían ser abordados por la nueva administración.