Trama Leire Díez: la UCO apunta a un amaño de 133 millones de euros con cinco contratos públicos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que la trama por la que se detuvo a Leire Díez el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández habría amañado un total de cinco contratos públicos por un total de 132,9 millones de euros. Los agentes sospechan que los investigados -que este sábado han quedado en libertad provisional tras pasar a disposición judicial- se repartieron importantes comisiones con estas operativas.
La Policía Judicial pone el foco en concreto en adjudicaciones a la empresa Tubos Reunidos, Enusa (de la que fue jefa de comunicación la conocida como fontanera del PSOE entre 2018 y 2021), Mercasa, una cuarta adjudicación al Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) y a Residuos de Melilla (Remesa). Los investigadores sospechan que la trama habría empleado sus influencias para conseguir amañar estas adjudicaciones.
Asimismo, fuentes de la investigación confirman a LA RAZÓN que los tres investigados (sobre los que pesan los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal) se valieron de un grupo de WhatsApp para comunicarse entre ellos. Dicho grupo se llamaba "Hirurok" (que en vasco se traduce como "nosotros tres"). La investigación, que sigue bajo secreto de sumario, se encuentra en un estado muy embrionario, por lo que todavía restan muchas diligencias por practicar en aras a cuantificar el presunto reparto de mordidas y también el daño al erario público.
Ponen el foco en contratos desde 2021
Precisamente, sobre el presunto cobro de comisiones se les ha preguntado hoy en sede judicial. Tanto Leire Díez, como Antxon Alonso (imputado en el caso Koldo por los contratos adjudicados a su firma Servinabar) se han acogido a su derecho a no declarar. Fuentes presentes en la comparecencia explican que han justificado que, al estar secretas las actuaciones, desconocen de qué se les acusa. No obstante, se han mostrado favorables a ser interrogados cuando se levante el secreto de las mismas. Las fuentes consultadas por este medio vaticinan que no tardará mucho que se produzca dicho trámite.
A diferencia de estos dos investigados, Fernández sí se ha prestado a responder a las preguntas del magistrado Antonio Piña y también de su defensa letrada. El que fuera presidente de la SEPI entre 2018 (y persona de máxima confianza de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero) ha negado los hechos que se le imputan y, específicamente, que hubiera cobrado comisiones camufladas en presuntos servicios prestados. Cabe recordar que Fernández fue contratado por Servinabar tras su salida de la SEPI.
Igualmente también se le ha preguntado por los contratos suscritos desde 2021, ante la sospecha de que podría haber ejercido su influencia en el ente que entonces presidía de manera interina Bartolomé Lora para conseguir estas adjudicaciones públicas. No obstante, Fernández -que siguió ostentado privilegios en la SEPI tras sus salida- ha negado todos los hechos. Tras ello, el juez ha estimado la petición de la fiscal Anticorrupción Elisa Lamelas y les ha dejado en libertad aunque con las medidas cautelares de prohibición de salir de España, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales.
Pesquisas incipientes
Las diligencias, que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, arrancaron a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra estos tres investigados. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estalló la operación el pasado miércoles, cuando detuvo a Díez y al expresidente del ente adscrito al Ministerio de Hacienda que también dirige Montero. Tras ellos arrestó a Antxon Alonso, empresario amigo de Cerdán. De hecho, la propia UCO encontró en el registro de su domicilio tras su detención por el caso Koldo un documento en el que el exdirigente socialista adquiría el 45% de las participaciones de Servinabar.
Los agentes practicaron además un total de 19 registros. Entre los organismos a los que entró la UCO se encuentran la propia SEPI, además de las sedes de Mercasa, la de Forestalia y la Empresa Nacional del Uranio Sociedad Anónima (Enusa). Del mismo modo, el viernes los agentes se personaron en Correos y en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relacionada con estas diligencias.