Por qué el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura nos importa a todos
En Chile, la discusión sobre seguridad y orden público dominó la agenda electoral. Frente a una ciudadanía cansada de la delincuencia y exigente con el Estado, las propuestas presidenciales —desde la derecha hasta la izquierda— coinciden en un punto: más acción estatal, más capacidad de encierro, más control. Precisamente por eso, es urgente recordar por qué existe el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) y por qué su fortalecimiento no es un asunto técnico ni exclusivo de organismos de derechos humanos, sino un imperativo democrático.
El MNPT es una institución para ver lo que nadie ve, creada para cumplir el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, con la misión de visitar, sin aviso previo y con independencia plena, todos los lugares donde el Estado mantiene personas privadas de libertad. Esto incluye cárceles, comisarías, centros del SENAME/Mejor Niñez, residencias de personas con discapacidad, hospitales psiquiátricos y cualquier institución de encierro estatal.
No busca castigar a funcionarios ni investigar delitos: su objetivo es prevenir prácticas abusivas, negligencias graves, tratos crueles o degradantes, y situaciones donde la vulnerabilidad institucional puede transformarse en sufrimiento humano innecesario. Un país democrático no teme ser observado; al contrario, se fortalece cuando permite que alguien mire donde nadie más tiene acceso.
En medio de la campaña presidencial, las propuestas de seguridad se endurecieron con rapidez. Distintas candidaturas plantearon que la solución al crimen pasa por más capacidad carcelaria y un Estado más firme en el uso del encierro.
La candidata oficialista Jeannette Jara fue explícita: “Sé que tenemos desafíos en materia de seguridad pública y voy a usar todas las herramientas del Estado para combatir el crimen organizado y el narcotráfico”, incluyendo operativos reforzados y nuevas cárceles para población de alta peligrosidad. Por su parte, José Antonio Kast subrayó que Chile vive “una de las más profundas crisis de seguridad en la historia” y propuso fortalecer fronteras, endurecer penas y rediseñar capacidades carcelarias como respuesta central al crimen.
Aunque desde perspectivas distintas, ambos candidatos apuntaban hacia un mismo fenómeno: la expansión del poder coercitivo del Estado. Más personas detenidas, más personas encarceladas, más instituciones cerradas y más capacidad para el ejercicio del control estatal.
Si las políticas de seguridad se orientan hacia aumentar el encierro, la supervisión independiente se vuelve indispensable. La evidencia internacional es clara: sistemas penitenciarios que crecen sin vigilancia adecuada tienden a reproducir condiciones de abuso, deterioro sanitario, violencia institucional y vulneración masiva de derechos. El MNPT no existe para obstaculizar la seguridad: existe para garantizar que las medidas de seguridad se ejecuten sin violar la dignidad humana.
Quien está privado de libertad —sea en una cárcel, una residencia infantil o un hospital psiquiátrico— no tiene acceso inmediato a abogados, periodistas o redes sociales. No puede denunciar. No puede defenderse. Depende exclusivamente del Estado. Un mecanismo como el MNPT protege a esas personas, pero también protege a la sociedad completa, asegurando que ninguna política pública de seguridad se implemente a costa de nuestra integridad ética como país.
Ambos candidatos presidenciales situaron la seguridad como prioridad. Es legítimo. Pero la prevención de la tortura y los malos tratos también es una prioridad democrática. Un Estado que fortalece su capacidad para encarcelar debe fortalecer en paralelo su capacidad para prevenir abusos dentro del encierro. Sin esta doble mirada, las políticas de seguridad corren el riesgo de generar nuevos problemas, profundizar desigualdades y erosionar la confianza pública.
La dignidad humana no compite con la seguridad. La sostiene. La legítima. La hace duradera. El debate político del momento mostró algo evidente: la discusión sobre derechos humanos no está separada de la discusión sobre seguridad. Son dos caras del mismo pacto social. Fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no es un acto simbólico ni un requisito burocrático. Es una inversión moral y democrática. La garantía de que, incluso en medio del miedo y la urgencia, no renunciaremos a tratar a todas las personas con humanidad.
Y porque, aunque cueste reconocerlo, cualquiera de nosotros —o alguien que amamos— podría llegar a depender de ese mecanismo algún día.