El aforamiento de Gallardo abre la puerta a un nuevo giro en el caso del hermano de Sánchez
Las elecciones en Extremadura han dado pie a un nuevo ciclo político que puede repercutir directamente en el juicio que acogerá desde mayo la Audiencia Provincial de Badajoz por el caso del hermano de Pedro Sánchez. La composición de la Asamblea regional tras los comicios del pasado 21 de diciembre puede dar otro giro a este procedimiento por la condición de aforado de Miguel Ángel Gallardo, que también se sienta en el banquillo de los acusados por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
Cabe recordar que Gallardo se aforó "in extremis" en mayo para intentar que el procedimiento, que ya se encaminaba hacia el banquillo, se dilatara en el tiempo y se juzgara en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. En aquel momento la juez Beatriz Biedma acababa de procesar a David Sánchez y a una decena de personas más ante los indicios de que crearon la plaza de coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz para el hermano del presidente del Gobierno.
Gallardo, que propició que cuatro diputadas del PSOE renunciaran a su acta para poder blindarse él, no consiguió su objetivo. Más bien al contrario, el TSJ extremeño le acusó de "fraude de ley" en un durísimo pronunciamiento en el que advirtió de que la "torticera maniobra" no podía darse por válida puesto que lo único que pretendía con la misma era influir en el procedimiento por el que afronta tres años de prisión.
Nueva Asamblea
En su auto, los magistrados explicaron que este caso concreto presentaba "especiales características" porque el aforamiento lo consiguió ya cuando la causa estaba muy avanzada y sin que proviniera de un proceso electoral. Este alegato le abre la puerta a propiciar el enésimo giro de esta causa que en un principio se iba a juzgar en febrero. El motivo reside en que tras las elecciones extremeñas, Gallardo obtendrá su acta de diputado como resultado del proceso electoral y no a la luz de una estrategia urdida para dilatar el juicio.
De hecho, la nueva Asamblea debe estar constituida, a más tardar, el 20 de enero. De no complicarse la formación de gobierno de María Guardiola, los nuevos diputados -entre los que se encuentra el candidato socialista- serán designados diputados. Ante , la Audiencia Provincial de Badajoz tendría que remitir un oficio a la cámara regional para que acreditara la condición de diputado autonómico de Gallardo.
La certificación de su condición de aforado abriría la puerta a un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre el asunto, toda vez que sería el órgano competente para juzgar al que fuera presidente de la Diputación de Badajoz. El Estatuto de Autonomía de Extremadura determina, en su artículo 18.2, que los diputados disponen, aun después de haber cesado su mandato, de inviolabilidad por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Además, incide en que corresponde al TSJ extremeño decidir sobre su "inculpación, prisión, procesamiento y juicio". Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal se exige, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Competencia del TSJ
Este último apunte también es relevante puesto que otro de los escenarios que podría darse en estas próximas semanas es que Gallardo -que el lunes dimitió como secretario general del PSOE extremeño tras la debacle del domingo- fuera designado senador. En ese caso, la competencia de la causa que sentará en el banquillo al hermano del presidente del Gobierno la asumiría el Tribunal Supremo
Conviene precisar que la jurisprudencia del alto tribunal determina que el auto de apertura de juicio oral es el momento procesal que fija la competencia del órgano enjuiciador; de manera que a partir de ese momento se torna imposible renunciar al aforamiento. Ahora bien, en este caso se produce la situación inversa; esto es, se accede al acta de diputado tras la apertura de juicio oral.
El caso del senador 'popular' José Manuel Baltar constituye un precedente de lo que ahora ocurre con Gallardo. El Tribunal Supremo asumió la competencia de una investigación penal abierta en 2023 contra el expresidente de la Diputación Provincial de Orense tras 'cazarle' en abril de dicho año conduciendo a más de 200 kilómetros por hora. El asunto recayó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria (Zamora) donde se instruyeron los hechos y se le abrió juicio oral por presunto delito contra la seguridad vial. Sin embargo, su designación exprés como senador hizo que la causa pasara a manos del Tribunal Supremo, desde donde se solicitó el suplicatorio a la Cámara Alta para proceder contra él.
En lo que respecta al hermano de Pedro Sánchez el juicio estaba previsto que comenzara el 9 de febrero. La Audiencia Provincial de Badajoz señaló inicialmente desde ese día hasta el 14 de febrero, pero por compromisos de agenda por parte de letrados de la defensa y de las acusaciones, el arranque de la vista se retrasó hasta el mes de mayo. El hermano del presidente del Gobierno afronta una pena de tres años de cárcel por la supuesta creación "a dedo" de la plaza que consiguió en 2017 y que se reconvirtió en jefatura de la Oficina de las Artes Escénicas sin salir a concurso. Además, también se le juzgará por enchufar, presuntamente, a Luis Carrero, exasesor de Presidencia que se refería a él con el nombre de "hermanito".