La Junta estudia acciones judiciales para obligar al Gobierno a convocar una Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que apruebe el informe sexenal sobre la situación del lobo , que entiende que es favorable, y que el Ejecutivo central lo envíe a la Unión Europea para que Bruselas flexibilice la gestión del cánido al norte peninsular y poder reducir la población, ante los ataques a la ganadería, que en primer semestre de 2025 ascienden ya a 1.991, con el 73 por ciento sobre vacuno, que se han saldado con 2.628 cabezas muertas (seis de cada diez, correspondientes a bovinos). Así lo trasladó, en declaraciones a Ical, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones , quien denunció que el Gobierno «no haya tenido tiempo en todo el año 2025 para mandar el informe», una queja para la que la Junta cuenta con el respaldo de las organizaciones agrarias. «No quiere que se gestione el lobo. No quiere que se disminuya la densidad allí donde causa daños», comentó, para estimar que este año se cerrará con una cifra similar de pérdidas ganaderas que en 2024, que concluyó con alrededor de 6.000 muertes en la ganadería castellana y leonesa. Suárez-Quiñones argumentó la necesidad de esta gestión por la «zozobra de los ganaderos, que sufren una presión psicológica intolerable». «A pesar de que les compensamos las pérdidas, el ganadero no quiere compensaciones, quiere su ganado. Y Castilla y León necesita su ganado, necesita los productos de calidad que derivan del mismo, como los productos lácteos y la carne. Eso es lo queremos todos, pero Gobierno de España no, porque piensa en razones ideológicas , que es incomprensible, no quiere que haya ningún tipo de control y de gestión del lobo», criticó. El consejero recordó que la Junta «enarboló» una acción en Europa que «consiguió de una forma verdaderamente muy meritoria la modificación de la directiva para toda Europa, para flexibilizar y permitir la gestión de la especie del lobo, que convenció a Europa y a los 50 países del convenio de Berna» . Se logró, también, mediante una enmienda, que la Ley de Desperdicio Alimentario contara con una enmienda para «afianzar en la normativa nacional que el lobo fuera gestionable por las comunidades», que en este caso son de «signo político diferentes». Pero faltaba una pieza, que la directiva Habitas obliga a los estados cada seis años a mandar a la comisión un informe sobre el estado de conservación de las especies y también del lobo. En el año 2018, el Gobierno, «sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, por sí solo mandó un documento en el que decía que el lobo estaba en un estado de conservación desfavorable, que no era cierto». «Los únicos que no lo saben son ellos, porque no pisan el territorio», apuntó el consejero, quien destacó la «reacción» de las autonomías «de forma muy contundente diciendo que eso no era así», pero mientras tanto, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea «dice que cuando una especie esté en estado de c onservación desfavorable no se puede hacer ningún tipo de medida de control». Por tanto, con ese informe vigente en Europa, «por mucho que se haya modificado la directiva y la ley nacional, no se pueden realizar actividades de control. La enmienda en la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario obliga a emitir ese informe, que «tocaba en 2025, a través de una comisión sectorial con las comunidades autónomas». Castilla y León preparó un informe en la Comisión de Biodiversidad que fue de conservación favorable, pues el censo publicado en 2024 establecía que había pasado de 279 manadas a 333 y se había extendido el territorio. Ello motivó la convocatoria de la Conferencia Sectorial por parte del Ministerio, pero de repente se desconvocó, achacó el consejero, por «los movimientos ideológicos», con lo que ya no se pudo aprobar informe. Por tanto, lamentó que el Ejecutivo «esté en rebeldía, en incumplimiento de la directiva europea», y le acusó de «no querer mandar ese informe, que sabe que es de conservación favorable, porque ya permitiría recuperar las competencias de gestión al norte del Duero, pero también al sur, donde nunca las ha tenido desde 1992». «Es una situación gravísima», sentenció a Ical. También afeó al Gobierno que se comprometió a «dar un dinero a las comunidades autónomas para ayudar a compensar los daños causados por el lobo y para medidas preventivas». En total eran 20 millones, pero «lo han dado una vez solo en estos cuatro años». «Por lo tanto, no puede ser peor la actuación del Gobierno en esta materia. Mientras esté en estado de conservación desfavorable formal, aunque no sea real, no se puede cazar», concluyó.
