Cerdán se alía con la Fiscalía contra la investigación por "mentir" en el Senado
S antos Cerdán sigue los pasos de la Fiscalía para intentar tumbar la investigación contra él por falso testimonio tras la querella de Hazte Oír por haber mentido supuestamente en su comparecencia en el Senado el pasado día 17 en la comisión del «caso Koldo», cuando se desvinculó del exasesor de José Luis Ábalos pese a los contactos que evidencian los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Su defensa ha vuelto a reclamar, en un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el archivo de la denuncia después de que una juez de Madrid advirtiese indicios suficientes para investigar al ex secretario de Organización del PSOE. Y lo hace adhiriéndose al recurso de apelación del Ministerio Público y argumentando que no se ha probado «en ninguna resolución judicial nada en contra de lo mantenido en la comisión» por Santos Cerdán, por lo que entiende que «en modo alguno puede perseguírsele» como supuesto autor de un delito de falso testimonio por lo que mantuvo ante los senadores en la Cámara Alta, donde dijo respecto a la supuesta trama de amaño de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones que «nada sabía, nada conocía y no había dado ningún tipo de instrucción al respecto».
Además, sus abogados –Jacobo Teijelo y Benet Salellas– apostillan que incluso en el caso de que se demostrase que incurrió en alguna «inveracidad» en sus manifestaciones, «ningún compareciente ante una cámara debe perder sus derechos fundamentales», por lo que no podía despojarse al exdirigente socialista de su derecho a no autoinculparse, al estar inmerso en una causa judicial por los mismos hechos por los que fue interrogado en el Senado.
"Constancia de cuál es la verdad"
Según exponen en ese escrito, pese a que el artículo 502.3 del Código Penal establezca que quien falte a la verdad ante una comisión parlamentaria será castigado con una pena de seis meses a un año de prisión y al pago de una multa, «para que existan unos mínimos indicios» de la comisión de dicho delito «debe poder predicarse que lo manifestado sea objetivamente falso”». Y eso requiere, subraya su defensa, de la «constancia acerca de cuál es la verdad para que se pueda admitir la falsedad».
En este caso, hacen hincapié, el contenido de su declaración se encuentra bajo la lupa judicial y es objeto de varios procedimientos en los tribunales «en los que consta investigado y en los que todavía no se ha dictado sentencia ni se ha declarado probado ningún ilícito», por lo que insisten en que «de ningún modo» se puede aceptar que existan indicios de que Cerdán «faltó a la verdad en dicha comisión parlamentaria».
Los abogados de Cerdán cuestionan el informe de la UCO que dejó al descubierto sus conversaciones con Koldo García –cuya autenticidad han puesto en duda– sobre el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública y señalan que su contenido no ha sido «contrastado con el resto de la actividad probatoria practicada en el marco de un procedimiento judicial» ni ha sido recogido «en los hechos probados de una sentencia firme», por lo que «no puede predicarse como verdad».
En todo caso, precisan, incluso en el supuesto de que en algún momento se declarara probado que incurrió «en alguna inveracidad no se puede obviar», como apunta también el Ministerio Fiscal en su recurso de apelación, que sus manifestaciones «son objeto de investigación judicial» y que por los mismos hechos «se encuentra investigado, dándose una situación en la que, de manera clara, entran en colisión» sus derechos constitucionales (de defensa y no autoincriminación) «con las funciones de cualquier comisión de investigación». De manera que, recalcan, esos derechos fundamentales (en este caso de Cerdán) se erigen como «límites a las facultades de las comisiones de investigación».