La última irregularidad de Sanidad puede causar la nulidad del MIR 2026
El proceso de selección para el MIR 2026 ha alcanzado niveles de caos y desorganización nunca vistos en la historia reciente de la formación sanitaria especializada (FSE) en España. A través de una cascada de errores administrativos, decisiones precipitadas y violaciones del propio procedimiento legal, el Ministerio de Sanidad de Mónica García ha puesto en riesgo la preparación y el futuro de más de 30.000 aspirantes. Analizamos, punto por punto, cómo se ha llegado a esta situación.
La última Resolución DGOP publicada por el Ministerio el pasado 18 de diciembre, que nombra las comisiones calificadoras y ratifica la fecha del examen MIR para el 24 de enero, fue emitida antes de que se publiquen las listas definitivas de admitidos. Esta secuencia, según la propia Orden de Convocatoria (BOE-A-2025-17059), es ilegal. El texto oficial establece que primero deben aprobarse las listas definitivas y, solo después, nombrar las comisiones. Sin embargo, Sanidad ha hecho exactamente lo contrario, vulnerando el procedimiento administrativo y generando inseguridad jurídica entre los opositores. Esta irregularidad puede causar la nulidad de pleno derecho del acto administrativo.
Entre este error y el primero de la lista de irregularidades, la dimisión en bloque de los comités encargados de redactar las preguntas del examen, hay seis meses de diferencia.
Dimisión en bloque
Tal y como adelantó este periódico, los comités encargados de redactar las preguntas de los exámenes de FSE 2026 presentaron su dimisión en bloque a finales del mes de julio. Este hecho, lejos de ser anecdótico, generó una crisis de confianza sobre la calidad y legitimidad del examen, y fue la primera señal de alarma. Sindicatos y colegios profesionales expresaron públicamente su rechazo, y surgieron rumores sobre la posibilidad de que el examen fuera elaborado por inteligencia artificial, como ChatGPT, debido a la bajísima remuneración ofrecida (5€/pregunta). La base misma del proceso quedó en entredicho.
Posteriormente, LA RAZÓN informó en exclusiva de que el Ministerio de Sanidad se niega a pagar a los miembros de las comisiones. Y no se trata solo de un retraso, ya que tendrían que haber cobrado en el mes de junio, sino que, cuando se pusieron en contacto con los funcionarios del Ministerio con los que siempre hablaban, estos les dijeron que no había una perspectiva de pago.
Durante el periodo de inscripción, la página web del Ministerio de Sanidad se cayó en varias ocasiones, obligando a los aspirantes a reintentar el proceso, generando un estrés masivo. Esta falta de previsión técnica, repetida año tras año, pone en duda la capacidad del Ministerio para gestionar un volumen tan alto de solicitudes y abre la puerta a posibles demandas por no garantizar las condiciones mínimas.
Contrato con retraso
A esto se suma que la empresa encargada de gestionar las listas de admitidos y excluidos, la misma que ha trabajado sin errores graves en años anteriores, fue contratada a mediados de noviembre, cuando normalmente se hace en junio o julio. Esta decisión comprimió el cronograma y dejó a la empresa sin tiempo suficiente para preparar el proceso, desencadenando una cadena de errores que explican el caos actual. La responsabilidad recae en la mala organización interna del Ministerio, no en la empresa.
El siguiente gran error es que las listas provisionales, que debían publicarse en noviembre, salieron el pasado 15 de diciembre, con un mes de retraso y errores masivos: cerca del 40% de los admitidos aparecen con una media académica incorrecta, obligando a miles de aspirantes a subsanarlo. La presión por los plazos comprimidos llevó a la empresa a publicar rápidamente, pero con fallos inéditos en años anteriores.
El Ministerio comunicó públicamente que había unos 2.000 no admitidos, pero la realidad es mucho más grave: entre 10.000 y 12.000 personas tienen errores en la puntuación de su baremo académico. Esta ocultación distorsiona la percepción pública y constituye un incumplimiento del deber de transparencia y veracidad por parte de la administración.
El periodo de subsanaciones termina el 2 de enero, pero los días siguientes son festivos o fines de semana, dejando apenas uno o dos días hábiles para revisar miles de expedientes. Históricamente, el tiempo mínimo para este proceso ha sido de dos semanas, y la media supera el mes. Este año, con un volumen de errores sin precedentes, es matemáticamente imposible cumplir los plazos anunciados.
Ante la creciente presión mediática y sindical, el Ministerio de Sanidad modificó el mensaje: de anunciar que las listas definitivas saldrían el 23 de enero (un día antes del examen), pasó a decir que estarían disponibles «a partir del 7 de enero». Sin embargo, este cambio es solo cosmético; con el volumen de errores existente, es imposible que las listas estén listas en esa fecha. La realidad es que probablemente saldrán entre el 20 y el 23 de enero, como inicialmente previsto.
El blog GangasMIR ha documentado de forma exhaustiva cada examen MIR durante casi 20 años, demostrando que nunca se han manejado márgenes tan estrechos entre la publicación de listas definitivas y la fecha del examen. Los comentarios de opositores, los propios residentes y expertos jurídicos confirman la gravedad de los fallos y la crispación generalizada existente.