España se enfrenta a una crisis silenciosa que no ocupa titulares diarios, pero que condiciona su futuro económico, territorial y social: la falta de relevo generacional en la agricultura y la ganadería. El problema ya no es puntual ni coyuntural. Es estructural. Más del 60 por ciento de los titulares de explotaciones agrarias supera los 55 años y apenas una fracción de jóvenes se incorpora al sector . En muchas comarcas rurales, cuando un agricultor o ganadero se jubila, la explotación simplemente desaparece. Durante décadas, la Política Agraria Común (PAC) ha sido el principal sostén del campo español. Ha garantizado rentas mínimas y ha aportado estabilidad. Sin la PAC, buena parte del medio rural europeo habría sufrido un abandono mucho mayor. Pero la PAC nació para sostener la producción, no para asegurar el relevo generacional. Hoy, quien quiere incorporarse al campo se encuentra con un escenario poco atractivo: elevada inversión inicial y rentabilidad incierta. Las medidas de incorporación de jóvenes son insuficientes y desiguales entre territorios. Compensan parcialmente el esfuerzo, pero no construyen un proyecto de vida estable. El problema de fondo es que producir alimentos ya no es la única función del sector primario . Agricultores y ganaderos gestionan el territorio, conservan paisajes... Sin embargo, muchas de estas funciones, esenciales para el conjunto de la sociedad, no están plenamente reconocidas. Se exige cada vez más al campo, pero se le ofrece cada vez menos certidumbre. En este contexto, resulta imprescindible un cambio de enfoque. No se trata de sustituir la PAC, sino de complementarla con una visión estructural de largo plazo. Una de las propuestas más sólidas es reconocer las actividades agrarias y ganaderas como patrimonio cultural. Esta propuesta pretende reconocer al pastoreo y asumir que estas actividades son bienes públicos fundamentales para el equilibrio territorial y alimentario del país. Este reconocimiento encaja con un enfoque 'One Health', al asumir que la salud humana depende de ecosistemas funcionales y de sistemas alimentarios capaces de sostenerse económica y ambientalmente en el largo plazo. La agricultura regenerativa, en este marco, no se presenta como una técnica aislada, sino como una palanca de política pública. España dispone del marco jurídico para avanzar en esta dirección. La legislación de patrimonio permite proteger actividades vivas, no solo monumentos. Ya existen precedentes, como el reconocimiento de la trashumancia. El paso pendiente es convertir ese reconocimiento en una política activa con efectos económicos, fiscales y sociales reales. Uno de los elementos más relevantes de este nuevo enfoque es el desplazamiento desde políticas centradas en el cumplimiento de prácticas hacia modelos basados en resultados. No se trata de exigir cómo se produce, sino de valorar qué se obtiene: conservación del suelo, mejora de la biodiversidad... El impacto potencial es significativo. Desde el punto de vista económico, el reconocimiento patrimonial permite diversificar ingresos mediante la valorización del producto o el turismo rural. Desde el punto de vista fiscal, abre la puerta a herramientas hoy infrautilizadas en el sector agrario: bonificaciones en el IBI rústico, ventajas en transmisiones y sucesiones familiares. Son instrumentos estructurales que reducen barreras de entrada para los jóvenes y facilitan la continuidad familiar de las explotaciones. Pero el mayor valor de esta propuesta está en su impacto sobre el relevo generacional. Cuando una actividad agraria es reconocida como patrimonio, el joven que se incorpora deja de ser un mero beneficiario de ayudas y pasa a ser custodio de un bien colectivo. Francia, Suiza o Italia ya han avanzado en esta dirección, combinando reconocimiento patrimonial, pagos por servicios ecosistémicos y promoción de productos de calidad ligados al territorio. Modelos que la FAO ya reconoce internacionalmente y que España debe escalar a política nacional. El resultado no ha sido un campo más rígido, sino más rentable y mejor integrado en la economía local. La ratificación del acuerdo UE-Mercosur amenaza con convertir el sector primario europeo en una mercancía. Declarar la agricultura y ganadería como Patrimonio Vivo no es proteccionismo, sino una estrategia para diferenciarse. Esto cambiaría el marco regulatorio, recompensando resultados como la salud del suelo y la resiliencia climática, protegiendo los apoyos económicos y asegurando el relevo generacional frente a importaciones industriales que no pueden replicar nuestra excelencia cultural y ambiental. Para que esta visión funcione, debe integrarse en un Plan Estratégico de Relevo Generacional que combine ayudas económicas estables e incentivos fiscales. El relevo generacional no es solo un problema del sector agrario. Es un desafío de país. La agricultura y la ganadería no son únicamente actividades económicas; son parte del patrimonio vivo de España. Y un patrimonio que no se cuida, no se reconoce y no se transmite, se pierde.
