El Gobierno de Israel ha anunciado que 37 ONG, entre ellas Médicos sin Fronteras (MSF), han incumplido los nuevos requisitos establecidos por ley para registrarse y obtener permiso a fin de cabo sus actividades humanitarias en los territorios palestinos, por lo que su licencia se revocará a partir del 1 de enero de 2026. El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel, dirigido por Amichai Chikli, ha detallado en un comunicado que las licencias de estas organizaciones serán revocadas a partir del 1 de enero y deberán completar el cierre de sus operaciones en un plazo de 60 días antes del 1 de marzo. Las autoridades israelíes habían pedido a las ONG que presentaran en un plazo de diez meses una serie de documentos sobre su organización y operaciones, incluyendo una lista de todos los empleados, como parte de una nueva normativa de registro que permite denegar permisos si son, por ejemplo, sospechosas de colaborar con «organizaciones terroristas» designadas como tales por Israel, como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Sin su incorporación a este registro, las ONG no pueden incluir a personal internacional con conocimientos técnicos, por ejemplo en salud, agua o saneamiento, ni introducir suministros de ayuda esenciales a través de las fronteras controladas por Israel hacia Gaza o Cisjordania. La fecha límite original para cumplir los requisitos era el 9 de septiembre, si bien el Gobierno la extendió hasta el 31 de diciembre. «El mensaje es claro: la asistencia humanitaria es bienvenida; la explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas es inaceptable. Israel seguirá protegiendo su soberanía, a sus ciudadanos y la integridad de la acción humanitaria», ha destacado Chikli, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que esta decisión «no afectará en el futuro el volumen de ayuda humanitaria que ingresa a la Franja de Gaza». «Las organizaciones que recibieron la notificación de la suspensión de sus actividades en la Franja de Gaza no transportaron ayuda a Gaza durante el alto el fuego vigente, e incluso en el pasado, su contribución combinada solo representó alrededor del 1% del volumen total de ayuda», ha aseverado. En este sentido, ha argumentado que el endurecimiento de las condiciones en el registro tiene como objetivo «prevenir la explotación de la ayuda por parte de Hamás», que, según el COGAT, en el pasado operó «bajo la cobertura de ciertas organizaciones internacionales de ayuda, consciente o inconscientemente». Asimismo, el COGAT ha acusado a MSF de negarse a proporcionar al Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel una lista de sus empleados en virtud de las nuevas normas de registro, que también permiten denegar permisos operativos a entidades que «promuevan la deslegitimación del Estado de Israel» o nieguen «su existencia como Estado democrático». Las autoridades israelíes aseguraron que en junio de 2024, un miembro de Yihad Islámica fue identificado como trabajador de MSF, mientras que en septiembre de 2024, otro empleado de la citada ONG fue identificado como francotirador de Hamás. Los organismos de la ONU y las ONG que trabajan en Gaza exigieron el levantamiento «inmediato» de los obstáculos al acceso y a las operaciones humanitarias en el territorio palestino ocupado, aludiendo a que la labor de estas organizaciones es «insustituible».
