El Defensor del Pueblo Andaluz carga contra la Junta por no aportar información de los cribados: "Es claramente insuficiente"

Más de dos meses después, el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha salido a la palestra para criticar la gestión de la Junta de Andalucía a la hora de responder el requerimiento que emitió en función de la investigación de oficio que inició tras los fallos en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en Andalucía. El material recibido “es claramente insuficiente” y ha añadido que “todavía no sabemos qué paso ni qué medidas están poniendo”.

“No hemos recibido la información de la Junta y nos remiten a la auditoría”, ha declarado este martes en una entrevista concedida a la Cadena SER de Sevilla, por lo que “no podemos ahora proponer medidas que solucionen este grave problema”. “Esta institución tiene un deber de colaborar con carácter urgente y preferente”, ha defendido, “necesitábamos medios y teníamos que barajar qué ha pasado, cuál había el fallo y, sobre todo, cómo se soluciona”. Sin embargo, la respuesta por parte del Gobierno andaluz, liderado por Juanma Moreno, ha sido eludir su responsabilidad ante el ente independiente.

“No quiero pensar que no es transparencia”, ha sostenido el defensor, pero “la respuesta no obedece a los elementos pedidos”, por ejemplo, se desconoce el protocolo que se instauró a la hora de no comunicar los fallos en los cribados o tan siquiera el número total de integrantes de la plantilla que hay habilitada para atender a los miles de diagnósticos que se producen cada año. Al respecto, ha determinado que, lo más seguro, es que haya “que pedir de nuevo los datos” para ofrecer garantías a la ciudadanía sobre el proceso que ha desatado una crisis en la sanidad pública andaluza.

Cuatro peticiones ignoradas

Amama, la asociación que destapó el fallo en los cribados de cáncer de mama que han afectado a un total de 2.317 mujeres, estima que hay 336 mujeres que han desarrollado el tumor. En unas declaraciones realizadas en Málaga este martes, la presidenta de la entidad, Ángela Claverol, ha afirmado que se han constatado 30 nuevos casos de afectadas por la crisis sanitaria en la provincia. Por ello, han pedido que revisen todas las reclamaciones patrimoniales que se están presentando en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En vista de lo ocurrido, cabe recordar que en octubre el Defensor pedía a la Junta cuatro cuestiones: la primera, el número total de mujeres afectadas y aclarar el criterio por el que no se comunicaron los resultados del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, si era por un protocolo o a causa de instrucciones internas y si se aplicaba en todo el sistema público o solo en algunos centros.

También, la operatividad de la atención mediante el conocimiento de la carga asistencial de los servicios de radiodiagnóstico, los tiempos de respuesta o la cantidad de profesionales disponibles; el tercer bloque se refería a la gestión y autoevaluación del programa; y, por último, los informes de evaluación desde 2022, además de indicar la función de la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz.

Primera investigación general en 30 años

En aquel momento, el Defensor recalcaba que era la primera vez en 30 años de funcionamiento del programa de cribados que iniciaban una investigación de carácter general y no restringida a casos individuales. Es decir, había razones suficientes, a causa de la alarma social generada, para iniciar el proceso y realizar un reconocimiento público de las deficiencias, además de que consideraba que había una necesidad de reparación por los daños sufridos. Así, recordaba que las pacientes tienen derecho a conocer los resultados de cualquier prueba diagnóstica, en función de lo establecido por la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente.

La investigación del Defensor, autoridad independiente nombrada por el Parlamento andaluz, se suma a las ya abiertas en sede judicial sobre este programa que está activo desde 1995 y que, cada año, realiza alrededor de 450.000 mamografías a mujeres de entre 49 y 71 años con el fin de mejorar el pronóstico y reducir la mortalidad. La Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si los errores tienen relevancia penal, en cuyo caso presentaría la correspondiente denuncia. Asimismo, tanto IU como Adelante han presentado querellas por posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes, y omisión del deber de prestar asistencia sanitaria.