46 mujeres asesinadas por violencia de género en 2025
Un total de 46 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España en 2025, la cifra más baja de la serie histórica que se empezó a elaborar en 2003. Como consecuencia de estos crímenes, 35 niños y niñas han quedado huérfanos, mientras que tres menores han sido víctimas mortales de la violencia machista.
Karilena fue asesinada el 31 de enero por su pareja en Suma de Langreo (Asturias). Fue el primer crimen machista del año 2025 y desde entonces la violencia de género también ha arrasado las vidas de Lina, Doreen, Eva, Andrea, Juana, Josefa, Diana, Marta, Rocío, Miriam, María, Pilar, Maritza, Zunilda, Marisa, Alejandra, Ramy Virginia, María del Carmen, Josefina, Dolores, Mercedes, Ilham, Rosalía, Mercedes, Ginesa, Katherine Yuliet, Eva, Verónica, Yoanna, Martha, Ainhoa, Zahra, Cristina, Eugenia, Silvia, María Pilar, María Victoria, Concepción, María Ángeles, Oriana, Rossmery, Jennifer, Sayuri, Natividad y Bouchra.
Con ellas, son 1.341 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003 en España.
En el año que acaba de terminar también dos niñas y un niño fueron víctimas mortales de la violencia de género: Nadia, de 5 años en Murcia; Eva Yasmín, de 13 en Bilbao; y Samuel, de 2 años en Valencia. Desde 2013, 65 menores de edad han sido asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres en contextos de violencia de género.
La cifra de 46 crímenes machistas es la más baja de la serie histórica que comenzó en 2003. Hasta la fecha, el número mínimo de asesinatos estaba en 49 mujeres víctimas mortales, dato que se registró en 2016, 2017, 2021 y 2024.
En 2025, 35 niños y niñas han quedado huérfanos por la violencia machista y con ellos se ha superado el umbral de medio millar de menores de edad que han perdido a sus madres por culpa de feminicidios, son 504 desde 2013.
En 10 de los 46 casos constaban denuncias previas por maltrato machista, siete de ellas interpuestas por las víctimas y otras tres por terceras personas. En cuatro de los casos, las mujeres contaban con medidas de protección en vigor que, sin embargo, resultaron insuficientes para protegerlas de los agresores.
Un año más, Andalucía fue la comunidad autónoma que más feminicidios registró, 14, un 30 % del total. Se trata de la región más castigada históricamente por la violencia de género -también la más poblada-, ya que uno de cada cinco asesinatos machistas desde 2003 se ha perpetrado en Andalucía.
Durante 2025, en Cataluña se han registrado cinco asesinatos por violencia de género, cuatro en la Comunidad de Madrid y otros cuatro en la Comunitat Valenciana y tres en Extremadura.
Han sido dos las mujeres asesinadas en Canarias, en Castilla-La Mancha, en Asturias, en Galicia y en Murcia este año. Y ha habido un caso de crimen machista en Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja.
Junio, con 8 víctimas mortales, y diciembre y marzo, ambos con cinco, fueron los meses más cruentos del año.
De nuevo, las víctimas mortales por violencia de género extranjeras representan un porcentaje elevado, un 41,3 %, cuatro de cada diez. Fueron 19 de las 46, una sobrerrepresentación que evidencia que el estatus migratorio constituye un factor de riesgo para las víctimas.
En el caso de los feminicidas, los números son los mismos, 27 eran españoles y 19 habían nacido en otro país.
De los 46 presuntos asesinos, cinco se suicidaron (el 10,9 %), por lo que no podrán ser juzgados por sus crímenes, mientras que otros nueve lo intentaron.
El 63 % mató a su pareja y el 37 % a su expareja, pero en el 82,6 % de los casos la convivencia entre víctima y agresor se mantenía en el momento del asesinato.
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
Refuerzo de medidas de protección
La Federación Mujeres Jóvenes ha reclamado, de cara a este 2026, un refuerzo de los recursos contra las violencias machistas, blindar las políticas públicas frente a los cambios ideológicos y garantizar la aplicación íntegra de la legislación vigente.
"En 2026, la igualdad tiene que dejar de ser un mero elemento discursivo para convertirse en un pilar esencial de la democracia que exige responsabilidades y consecuencias para quienes incumplan sus compromisos", explican a Europa Press desde la federación.
En todo caso, la Federación reclama "coherencia" y agrega que sin ella "los discursos desde el poder no son más que hipocresía que conllevan un coste democrático" que terminarán "pagando" las mujeres.
Así, considera "preocupante el retroceso marcado por la normalización de discursos antifeministas, la radicalización misógina de internet y la reproducción estructural de las dinámicas patriarcales" en los distintos partidos políticos.
En la misma línea, la Federación lamenta que una "ola misógina" se haya hecho en 2025 con el control del discurso dominante en redes sociales y alerta de la "pérdida de confianza" de las mujeres en los espacios políticos "como posibles herramientas para el cambio de las estructuras patriarcales de poder, puesto que quienes dicen defender la igualdad no son capaces de sostenerla en sus propias organizaciones".
Por su parte, desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, denuncian que 2025 estuvo marcado por una "acumulación de déficits en la gestión pública", además de fallos en servicios esenciales "sin explicaciones inmediatas y suficientes", así como por "incumplimientos reiterados" de compromisos legislativos y un "control deficiente" del uso de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista.
Asimismo, indica que los fallos registrados en el sistema de pulseras para maltratadores "evidencian graves deficiencias" en el contrato firmado durante la etapa de la exministra de Igualdad, Irene Montero.
Una vez identificados los problemas derivados del contrato, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres considera que "la reacción del Ministerio no estuvo a la altura de la gravedad de la situación", ya con la socialista Ana Redondo al mando.
"Era imprescindible una comparecencia inmediata para ofrecer explicaciones, tranquilizar a las víctimas y trasladar pautas claras de actuación mientras se resolvían los problemas técnicos. Resulta igualmente negativa la tardanza en la elaboración de un informe exhaustivo que identifique con precisión dónde se produjeron los fallos y si existe responsabilidad por parte de la empresa adjudicataria. A día de hoy no se ha aclarado si se han activado las salvaguardas previstas en el contrato ni si se aplicarán las sanciones correspondientes", indica.
También denuncia la "absoluta falta de transparencia" del impacto de la aplicación de la Ley Trans sobre las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia machista. "Desde hace meses, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres viene formulando preguntas al Gobierno sobre datos, evaluaciones y efectos concretos de la norma, encontrando como única respuesta un muro de silencio, dilaciones administrativas y excusas formales", asevera a Europa Press la organización.
Por otro lado, la organización destaca que el retraso con la ley contra la trata "resulta especialmente grave en un contexto en el que España sigue siendo uno de los principales países de destino de redes de trata con fines de explotación sexual, y las víctimas no cuentan con todos los mecanismos de protección, atención y reparación que un marco legal integral debería garantizar".
Precisamente, según aseguró Redondo en un encuentro con medios en diciembre, los problemas derivados de los contextos internacionales y de las "complejidades internacionales" son "los más complicados" y los que están llevando "más tiempo" para desarrollar este texto.
"Es un texto complejo porque hace referencia a la trata no solo por motivos de explotación sexual sino a todo tipo de trata y por lo tanto hay que perfilar y se plantea un texto muy completo, muy transversal y complejo", argumentó.
Otro debate que previsiblemente marcará la agenda en materia de igualdad este 2026 es el relativo a la abolición de la prostitución. En este punto, el recorrido político se prevé especialmente complejo: una ley abolicionista no figura actualmente ni en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ni en el acuerdo de Gobierno con Sumar, lo que dificulta su tramitación en un escenario parlamentario fragmentado.
También está pendiente la tramitación y desarrollo de una ley específica sobre violencia económica que ayude a las mujeres a encontrar un "empleo digno" y una solución habitacional. "No es fácil porque ahí nos encontraremos también con dificultades en relación con otros ministerios. Todo lo que es igualdad es muy transversal y esa es una dificultad añadida", afirmó Redondo en el encuentro de diciembre, para añadir que es la última de las leyes que tiene en cartera y que "va a costar".