La Audiencia interrogará a más investigados en la trama de Leire Díez cuando levante el secreto de sumario
La causa que se sigue en la Audiencia Nacional por presunta organización criminal contra la exmilitante del PSOE Leire Díez prevé interrogar a más investigados. El procedimiento se encuentra secreto a la espera de que la Guardia Civil estudie todo el material que requisó en los registros de mediados de diciembre en el marco de esta investigación por un presunto amaño a gran escala de contratos públicos. Así pues, se prevé que siga bajo secreto de sumario las próximas semanas y, una vez se levante, se escuchará en sede judicial a más implicados en los hechos.
Así lo confirman a LA RAZÓN fuentes de esta investigación en el marco de la cual se detuvo el pasado 10 de diciembre a la conocida como "fontanera" de Ferraz, además del que fuera presidente de la SEPI Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso, también investigado en el caso Koldo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tuvo que acelerar el operativo por temor a una filtración a los detenidos. El mismo conllevó, además, registros en la sede de la SEPI y de empresas vinculadas al ente por ser las que suscribieron los contratos que ahora investiga la Audiencia Nacional.
En concreto se trata de cinco operaciones por un importe superior a los 133 millones de euros. La investigación, que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia, ha acreditado la intermediación de estos tres imputados en la firma de los contratos públicos. A cambio, se anotaron comisiones de unos 730.000 euros que invirtieron en su mayoría en la compra de inmuebles en Jaca y en Marbella. Otra parte de estos fondos se repartió de forma individual, variando el volumen de ingresos en función de la persona. Así, por ejemplo, el expresidente de la SEPI se habría anotado 49.350 euros. Además, consta que se valieron de la mercantil Mediaciones Martínez para canalizar estos fondos. Se trata de una firma que desde 2024 opera con el nombre de Promociones Inmobiliarias Ku-Ma S.L y que está administrada por Carmelo Aznárez; un asesor fiscal que aparece vinculado a una veintena de mercantiles.
Encubrir el origen de los fondos
Sin embargo, la información incautada en los registros de mediados de diciembre puede arrojar mucha más luz en estas pesquisas que se siguen por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Además, se ha constatado que los detenidos formaban parte de un grupo que se hacía llamar "Hiroruk" y que se reunían en un piso situado en Diego de León, desde donde estudiaban sus operaciones. Cabe recordar que Fernández fue presidente de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019, sin embargo, mantuvo su influencia dentro de la empresa en los meses en los que Bartolomé Lora ejerció como presidente en funciones.
De hecho, las pesquisas se centran en los contratos firmados por esta empresa pública adscrita al Ministerio de Hacienda y otras también dependientes de ella entre los años 2020 y 2021. De todos ellos destaca el rescate de la empresa Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros. El ente justificó este desembolso destinado a empresas afectadas en pandemia por el "carácter estratégico" de la compañía vasca, así como debido al volumen de su plantilla. Los investigadores sospechan que los tres cabecillas se anotaron una comisión de 114.950 euros.
A esta se añade los pagos al despacho de abogados SDP Carrillo y Montes por parte de Enusa (empresa pública participada al 60% por la SEPI y en la que ejerció como responsable de comunicación Leire Díez entre 2018 y 2021). La UCO sospecha que el contrato, que incluyó sobrecostes del 50%, se firmó con la finalidad aparente de dar soporte jurídico al desarrollo de la operación. También destaca la concesión de una "ayuda" otorgada por Sepides (dependiente de la SEPI) a la sociedad Aparapellet por 17,3 millones de euros o la adjudicación de un contrato público por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor de la Construcciones y excavaciones Erriberri por importe de 2,8 millones de euros.
El quinto y último contrato investigado lo firmó Mercasa en favor de Servinabar por 18.119 euros. El mismo se justificó en la elaboración de un informe técnico de las oficinas de esta empresa participada en un 51% por la SEPI, aunque el juez sospecha que se le dio cobertura a un presunto amaño "mendaz". La Guardia Civil ya investigó esta empresa en el caso Koldo por anotarse contratos de obra pública millonarios en UTE con Acciona. Además, en el registro del domicilio de su dueño, Antxon Alonso, encontraron una escritura de compraventa del 45% de acciones firmada por Santos Cerdán. El exdirigente socialista negó que tuviera nada que ver con la firma, pero reconoció en sede judicial su amistad con el empresario ahora investigado.
Citación de más investigados
Tras su detención, Alonso Fernández y Díez pasaron a disposición judicial. El magistrado Antonio Piña les dejó en libertad sujeta a las medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales. En dicha diligencia el único que accedió a contestar a las preguntas de los investigadores fue Fernández, quien negó cualquier irregularidad. No obstante, los agentes se centran ya en el estudio de todo el material intervenido en los registros y los mismos no se descarta que afloren nuevos indicios. La UCO entró en las oficinas de la SEPI en Madrid, además de Sepids, Enusa, Mercasa Forestalia y en domicilios en Madrid, Zaragoza y Sevilla. Además, acudieron a Correos (donde fue directora de Relaciones Institucionales) y a los Ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica.
Además, los investigadores han detectado que los tres detenidos no actuaron solo, sino que en algunos contratos, como es el caso de Mercasa, lo hicieron en connivencia con directivos de esta firma pública. De hecho, en las diligencias figuran más investigados. No obstante, sus identidades están ocultas hasta que el magistrado que ha asumido la causa, Santiago Pedraz, levante el secreto de la misma. Tras ello, se citarán al resto de imputados en la causa. Por el momento, las cuentas bancarias de los principales cabecillas permanecen bloqueadas. La medida la adoptó estando de guardia el magistrado Piña y la confirmó el actual instructor, cuando asumió el control de las diligencias.