Sin visos para renovar el Tribunal Constitucional: Gobierno y PP, más lejos que nunca
Año nuevo, Tribunal Constitucional viejo. En el mes de diciembre del extinto 2025 caducó el mandato nada menos que de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, porque tocaba renovación de los magistrados que corresponde nombrar al Senado. De manera formal se activaron los trámites y... poco más. El proceso cuenta con varios escollos. El primero: la complejidad –o la prolongación, más bien– del mismo, porque han de comparecer en la respectiva comisión parlamentaria todos los candidatos propuestos por las asambleas autonómicas. El segundo, y realmente el más importante, que no existe ningún tipo de interlocución entre el Gobierno y el Partido Popular. Los puentes están rotos. Como nunca antes en democracia. No hay visos de alcanzar algún tipo de acuerdo. Ni de lejos.
Al margen de las reglas, para acometer el relevo de los cuatro magistrados salientes –también ha expirado el mandato de la progresista María Luisa Balaguer y de los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías– lo único que hace falta es un Pacto de Estado entre los dos grandes partidos que conforman una mayoría cualificada de tres quintos. Misión imposible en el contexto actual.
A pesar de que Conde-Pumpido activó la sucesión el pasado verano, con la remisión de un escrito a la Cámara Alta, a día de hoy no se ha producido ningún contacto siquiera entre Moncloa y Génova. Las dos personas que debían llevar la interlocución son Félix Bolaños, triministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y Cuca Gamarra, vicesecretaria de Institucional.
No hay ningún cauce y, en realidad, tampoco mucha voluntad. El PP entiende que cualquier acercamiento al Gobierno en este momento, y más para repartirse sillones en una institución como el Constitucional, sería letal para sus intereses electorales. Y al Gobierno le interesa que abandone su puesto Conde-Pumpido, que en su mandato ha logrado consagrar la doctrina del «siete cuatro», por la cual el grueso de recursos se resuelven a favor de los intereses de Pedro Sánchez. Ya sea la revisión de las sentencias a los condenados por el escándalo de los ERE o el estudio de la Ley de Amnistía.
De hecho, Alberto Núñez Feijóo cree que el ya presidente interino del Constitucional aguarda para prestar sus últimos servicios al «sanchismo»: amarrar la vuelta de Carles Puigdemont a España para que, así, Junts pueda volver al redil del mal llamado bloque progresista y anular la pena que acabó con el fiscal general del Estado.
Así lo expresó el presidente popular en una entrevista con Servimedia, en la que denunció que un Tribunal Constitucional «conquistado» por Sánchez «está trabajando» para aplicar la medida de gracia de forma efectiva al líder de Junts fugado de la Justicia y permitir su vuelta en 2026, igual que seguirá «el camino» marcado por el presidente del Gobierno y dará amparo a Álvaro García Ortiz, inhabilitado por un delito de revelación de secretos.
Para el PP, lo ideal sería concluir cuanto antes el mandato de Conde-Pumpido y alumbrar una nueva estructura con perfiles más independientes que los actuales. Cabe recordar que son magistrados ni más ni menos que quien fue ministro de Justicia de Sánchez, Juan Carlos Campo, y quien fue directora general de Presidencia, Laura Díez Bueso.
Precisamente, por eso, la previsión con la que cuentan los populares es que de cara a la renovación pendiente, Sánchez pondrá encima de la mesa nombres tan independientes como los de Baltasar Garzón o el propio García Ortiz. En el entorno de Feijóo ni siquiera se plantean que el Gobierno pueda ofrecer una terna de profesionales alejados de cualquier sospecha partidista. Por eso, y porque la distancia que separa a Sánchez de su principal rival es infinita, Conde-Pumpido seguirá en el cargo hasta nuevo aviso.
La teoría que maneja el Gobierno, sin embargo, es que la jugada que tiene en mente el PP resulta evidente. Como hoy cuenta con mayoría absoluta en el Senado y la proyección de casi todos los sondeos –salvo el CIS– es que cosechará un resultado todavía mejor en las próximas generales, Feijóo trata de dilatar la renovación para que sea el próximo Senado, en el que la suma con Vox podría alcanzar los tres quintos necesarios, el que apruebe los nombramientos. De esta forma, no sería necesario el equilibrio entre progresistas y conservadores y la Corte de Garantías pasaría a tener una mayoría conservadora. Tesis un tanto enrevesada. En todo caso, no hay visos de entendimiento.