Un 2026 de infierno para micropymes y autónomos
Los pilares del tejido productivo español han empezado a tambalearse pese al buen momento macroeconómico, el incremento en la creación de empresas y un crecimiento sostenido del empleo. Pero los buenos números «macro» apuntan a un parón con el final de los fondos europeos, las empresas nuevas son cada vez más pequeñas y con menos capital social y la creación de empleo sigue en dos dígitos y es el más alto tanto de la Unión Europea como de la OCDE.
Además, pymes y autónomos –los principales generadores de empleo en España– han tenido que adaptarse a un incremento sostenido de las cargas laborales y fiscales, y a una sobrepresión regulatoria que hace muy difícil crear empleo y afrontar las facturas mensuales.
Según el último informe de la Fundación Civismo, los costes laborales han aumentado cerca de un 28% en la última década, superando el crecimiento de los salarios, que se sitúa en torno al 22%.
Así, las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) desde 2018 (+61%), el aumento de las bases de cotización, la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el deterioro de las deducciones familiares, la reducción de los beneficios fiscales ligados al empleo y el impacto de la inflación han erosionado la base de resistencia de las empresas más pequeñas y de los autónomos.
Presión fiscal al 38% del PIB
Un encarecimiento que no es resultado de una única medida, sino de un proceso acumulativo. Desde 2015 hasta 2025, las bases mínimas de cotización han subido un 75% y las máximas un 34%, elevando los costes de los trabajadores con salarios más altos. Además, el MEI –un recargo permanente sobre las cotizaciones– alcanzará ya el 0,9% en 2026. Esto, en términos reales, supone entre 100 y 160 euros anuales por trabajador de salario medio, cifra que se duplicará cuando alcance el 1,2% previsto.
Todos estos factores sitúan a España entre los países con mayor carga fiscal directa sobre el factor trabajo dentro de la OCDE. Precisamente, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ya advierte de que el impacto que tiene la subida del salario mínimo es «cada vez mayor».
Herrero avisa de que, según las estimaciones del organismo, la subida del SMI reduce la creación de empleo entre 0,34 y 0,53 puntos porcentuales y provoca un desacople que está generando entre la base mínima de los trabajadores del régimen general –que se actualiza con el alza de esta renta mínima– y la de los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) –que no se actualiza con la subida del SMI–.
Este desacople ha sido mayor por la reducción adicional sobre la base mínima de cotización producida durante el primer periodo transitorio del nuevo sistema de cotización de los autónomos.
Desde la patronal de las pymes, Cepyme, se acusa directamente al Gobierno de aumentar los costes y absorber fiscalmente cualquier mejora de la competitividad, además de cargar contra la complejidad normativa, con 3,5 normas al día, prácticamente imposible de digerir para las microempresas.
Los datos dejan claro que las pymes españolas lo están pasando mal: la realidad es que han desaparecido 23.000 microempresas en cinco años en un entorno de crecimiento económico; su renta per cápita está bajando; mientras el empleo crece en el sector público y en las grandes empresas –en más de 300.000 personas–, la microempresa ha contratado 3.000 personas menos; el nivel de complejidad normativa es el mismo para una micropyme de dos trabajadores que para una compañía de 40.000 empleados; como consecuencia de esta problemática, los costes laborales se sitúan muy por encima del aumento de los salarios y del coste de la vida; y, finalmente, la presión tributaria no deja de aumentar, ya que mientras el esfuerzo fiscal de la empresa española es del 37%, el de la media de la UE es del 25%.
Además, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, denuncia que «la productividad que ha ganado la pyme española se la ha comido el aumento de costes laborales y no laborales. Al final, el Gobierno siempre quiere contraprogramar a las pymes y hace que todas esas mejoras que están haciendo al final no tengan un efecto positivo».
En la última década, la productividad por hora trabajada apenas ha crecido un 1,7% al año, mientras que los costes laborales unitarios lo hicieron un 2,5%, lo que genera una pérdida acumulada de competitividad de más de ocho puntos frente a la media de la eurozona. «Nuestros legisladores aumentan los costes laborales y absorben cualquier elemento que tengamos que tener de competitividad», denuncia De Miguel.
Tras advertir del nivel medio de pervivencia de una empresa en España donde, a los cinco años, el 50% ha desaparecido, alerta de que «cada vez se está complicando más para las pymes sobrevivir, sobre todo para las más pequeñas. Creo que es muy importante pensar en nuestras empresas pequeñas, que son las grandes empresas del futuro. Y si no tenemos pequeñas hoy, pues probablemente no tengamos grandes en el futuro».
Todos estos factores sitúan al país entre los de mayor carga directa sobre el factor trabajo dentro de la OCDE. Esto, sumado a la productividad estancada y los costes administrativos crecientes, produce un entorno menos competitivo y con mayor dependencia del empleo temporal o de baja cualificación, con un impacto sobre los autónomos y pymes especialmente relevante. El coste laboral medio por trabajador a mitad de año se situó en 3.256 euros al mes, de los cuales, 2.416 euros corresponden al salario y 840 euros a otros costes, principalmente cotizaciones sociales, lo que significa que más de una cuarta parte de lo que paga el empleador no llega al trabajador.
Asimismo, la cuña fiscal sobre el trabajo –que mide la diferencia entre lo que paga la empresa por un empleado y lo que este recibe neto– alcanza el 40,6%, muy por encima de la media de la OCDE (34,9%). Este nivel se sitúa entre los más altos de Europa, pese a que los salarios y la productividad son relativamente bajos. Esto produce la paradoja de que se registra una presión fiscal cercana al 38% del PIB, similar a la de países como Francia, Bélgica o Dinamarca, pero con una renta per cápita un 13% inferior a la media europea.
Esto se traduce en un esfuerzo fiscal desproporcionadamente alto para pymes y trabajadores, lo que fuerza a muchas de ellas a tener que recurrir a vías de menor carga fiscal o contributiva, es decir, a la economía sumergida.