Sala Constitucional de Santa Cruz admite acción popular contra el DS 5503
La Sala Constitucional Primera de Santa Cruz admitió una acción popular interpuesta contra el Decreto Supremo 5503, que establece una serie de medidas económicas, entre ellas la eliminación de la subvención a los combustibles y fija la audiencia para el viernes a las 13.00.
La acción fue presentada por el abogado Wilmer Juan Vásquez Flores y está dirigida contra el presidente Rodrigo Paz Pereira, además de la Asamblea Legislativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y otras instancias.
El gobierno promulgó en diciembre el Decreto Supremo 5503 que elimina la subvención de los combustibles e impulsa una serie de medidas económicas que generó controversia y protestas por el aumento de precios y el impacto en la población trabajadora.
De acuerdo con el auto de admisión, la Sala Constitucional resolvió admitir la acción en el marco de los artículos 135 y 136 de la Constitución, en concordancia con el artículo 68 del Código Procesal Constitucional, y convocó a audiencia pública para su análisis y resolución.
La audiencia fue fijada para el viernes 9 a horas 13.00, y se desarrollará de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, debido a la necesidad de diligenciar comisiones instruidas en las ciudades de Sucre y La Paz, así como a la existencia de audiencias previamente programadas.
Asimismo, la Sala dispuso que las partes procesales coordinen los detalles técnicos de la audiencia con la Secretaría de Sala, mediante contacto vía WhatsApp, y que toda la documentación, pruebas o informes sean presentados en formato PDF.
La resolución fue suscrita por las vocales Alejandra Arancibia Morato y Alain Núñez Rojas, y por la secretaria de Cámara Jenny C. Tangara Calderón.
En entrevista con DTV, Vásquez indicó el pasado 23 de diciembre que este decreto es un ataque a la Constitución, a la economía y soberanía nacional. “No se siguió el procedimiento constitucional, no hubo un diálogo nacional, no hay una aprobación legislativa y hay un impacto social”, señaló entonces.
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