Invisibles, por Cynthia Cienfuegos
Más allá del caos político y del deterioro institucional, el año 2025 también fue un tiempo marcado por retrocesos sociales, ambientales y en materia de derechos humanos para nuestro país. La primera gran alerta son las denuncias por violencia sexual que pesan sobre máximas autoridades como el presidente de la República, José Jerí, y su premier Ernesto Álvarez. En el Perú, la violencia contra la mujer es un problema estructural no atendido. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2024), el 52 % de las mujeres peruanas ha sufrido algún tipo de violencia alguna vez en su vida. La gravedad sobre las denuncias –hoy archivadas– contra Jerí y Álvarez no radican únicamente en los mismos hechos de violencia, sino en la peligrosa normalización y aceptación social de este problema. Somos un país donde el 75.7 % de personas tolera y justifica la violencia contra las mujeres (ENARES 2024). Tener a funcionarios, congresistas y autoridades con este tipo de denuncias también es una forma de violencia.
En esa misma línea, la eliminación de todas las políticas y lineamientos relacionados al enfoque de género, y con ello la afectación directa de la Educación Sexual Integral –ESI–, muestra a un legislativo y ejecutivo de espaldas a los grupos más desfavorecidos históricamente. Es insólito, por ejemplo, que después de conocer el abuso sexual sistémico que han venido sufriendo las niñas de las comunidades awajún exista voluntad política para diseñar y modificar leyes que vulneran sus derechos. Sin enfoque de género y sin ESI, niñas, niños y adolescentes se quedan sin una herramienta fundamental de conocimiento e información para identificar y prevenir situaciones de violencia, prevenir embarazos adolescentes, fomentar el respeto a la diversidad y tomar decisiones informadas para cuidar su salud física y emocional. Este impacto resuena con más fuerza en los grupos con menos recursos, reforzando un ciclo de pobreza, violencia, discriminación y falta de oportunidades.
Por otro lado, en octubre de 2025, el Congreso eliminó la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, el cual ya no regirá desde el 2026. Esta medida no sólo anula mecanismos que invisibilizan la diversidad cultural y natural del país, sino las necesidades y urgencias de estos pueblos, quitándole prioridad a problemas socioambientales que hoy atraviesan comunidades andinas y amazónicas. Según el portal defensores.pe, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre el 2024 y 2025 se registraron 288 ataques a defensores de derechos humanos y ambientales, tales como criminalización, detención arbitraria, heridos, acoso u hostigamientos, amenazas de muerte y asesinatos. Se necesitan políticas que representen de manera efectiva a estos grupos, que los nombren, que los defiendan. Políticas que permitan saber cuántos son, dónde están y qué necesitan. Hoy, son invisibles.
Estas y otras medidas invisibilizan, silencian y desconocen problemas reales y personas reales. La clase política y los tomadores de decisiones no sólo están desconectados de la realidad, sino que lo saben y no les importa.