Salario mínimo: el discurso triunfal y la factura pendiente
El aumento sostenido al salario mínimo se ha convertido en uno de los principales emblemas políticos del proyecto de la llamada Cuarta Transformación y, ahora, en una apuesta central del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El objetivo declarado es ambicioso: que para 2030 el ingreso mínimo permita adquirir 2.5 canastas básicas.
El problema no es la meta. El problema es el camino elegido para alcanzarla.
Para 2026, el salario mínimo general registró un incremento de 13%, para ubicarse en 315.04 pesos diarios.
El dato se presenta como una victoria social y se subraya, una y otra vez, que los temores inflacionarios no se han materializado de forma directa.
Sin embargo, insistir en este argumento como prueba irrefutable de éxito resulta, cuando menos, una lectura incompleta de la realidad económica.
El aumento no es uniforme ni necesariamente transparente. Una parte relevante proviene del llamado Monto Independiente de Recuperación (MIR), un mecanismo diseñado para elevar el ingreso base sin impactar negociaciones salariales colectivas.
En los hechos, el MIR se ha convertido en una válvula política: permite presumir incrementos de dos dígitos mientras se acota su efecto real en revisiones contractuales.
El debate más incómodo suele quedar fuera del discurso oficial: el impacto acumulado en las empresas, particularmente en las micro, pequeñas y medianas (Mipymes), que concentran cerca del 70% del empleo en México.
Para las grandes corporaciones, el aumento puede ser absorbible. Para las Mipymes, no.
El resultado previsible no es mayor productividad, sino ajustes defensivos: incremento de precios, reducción de personal, sustitución por tecnología o informalidad.
A este escenario se suma la reducción gradual de la jornada laboral. Juntas, ambas medidas representan un aumento estructural del costo laboral que no ha sido acompañado de incentivos fiscales ni apoyos productivos.
El salario mínimo ha dejado de ser un instrumento técnico para convertirse en un símbolo político.
Mantener aumentos de dos dígitos puede cumplir una promesa de gobierno, pero también debilitar el empleo formal.
Dignificar el ingreso es indispensable. Ignorar quién y cómo puede pagarlo es una omisión que termina cobrando factura.